tomado de www.militante.org
Sobre la Huelga General. Un análisis marxista
martes, 12 de septiembre de 2006
México ha entrado a una etapa crucial de su historia. El fraude electoral han desatado una serie de fuerzas dándose como resultado un proceso de lucha social jamás visto en décadas. Ello a la par de la insurrección revolucionaria del pueblo de Oaxaca y lo que se puede caracterizar como el conflicto laboral más grabe del gobierno de Fox: la contundente lucha de los mineros. Todos estos elementos nos permiten asegurar que se avecina más y nuevos episodios de enorme intensidad en la lucha de clases de nuestro país. En condiciones como estas, como nunca se pone al orden del día la necesidad de retomar la huelga general como método de lucha para frenar a la burguesía y a sus partidos, el PAN y el PRI.
En los últimos años, son decenas las naciones en dónde los trabajadores han retomado a la huelga general como medio para confrontar a la burguesía. Son decenas de lecciones las que podemos obtener de esas luchas, todas ellas útiles para los episodios que están próximos en la lucha del proletariado mexicano contra la burguesía. Considerando ello, en esta oportunidad Militante publica una serie de escritos en los que los marxistas exponemos y analizamos una serie de experiencias sobre algunas huelgas generales desarrolladas en años recientes en diferentes latitudes. Sabemos que dichas lectura serán de utilidad para todos los trabajadores.
España
20-J Huelga General
Xaquín García Sinde,
Comisión Ejecutiva Regional de CC.OO. de Galicia
Junio-2002
CCOO y UGT aprobaron el pasado 23 de mayo la convocatoria el 20 de junio de una huelga general en todo el Estado español de 24 horas. La respuesta del PP fue aprobar al día siguiente un decreto-ley con todo el paquete. La disminución de 50 a 30 kilómetros de la distancia máxima y de tres a dos horas del tiempo de viaje entre el domicilio y el puesto de trabajo son cambios cosméticos que no modifican el contenido profundamente regresivo de estas medidas.
Si se analiza la actitud del PP ante los temas laborales, se ve una clara evolución: tras una primera fase de negociación (la reforma laboral del 97, por ejemplo, dejando al margen su contenido), el año pasado las negociaciones ya fueron más formales que reales, puesto que se realizaron bajo amenaza de legislar si no había acuerdo (y de hecho hubo un decreto-ley en marzo); este año ya no hubo ni apariencia de negociación. ¿A qué se debe este cambio de actitud del PP? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
Las razones del PP
Muchos dirigentes sindicales están perplejos. No les cabe en la cabeza que el PP se comporte así, después de la "responsabilidad" que ellos demostraron y de lo mucho que se benefició el PP "incluso electoralmente" de la paz social de todos estos años. Pero la lucha de clases no está determinada por la diplomacia y los acuerdos entre caballeros, sino por intereses materiales muy concretos y, en última instancia, por la situación objetiva de la economía.
El PP necesitó la paz social para consolidarse en el poder. De hecho, el gobierno del PP no es un gobierno fuerte; es un gobierno débil que aparenta fortaleza por la falta de oposición, tanto política como sindical. Ahora que se creen seguros ya no hablan de que son de centro, sino de que van a gobernar con mano firme pese a quien pese. En este cambio de actitud también influye de manera decisiva el empeoramiento de la situación de la economía española, que ya ha empezado a destruir empleo, como reflejó -a pesar de las manipulaciones estadísticas- la última Encuesta de Población Activa. Además, a consecuencia del ciclo económico alcista precedente, muchos de los que se incorporan al paro han cotizado los 12 meses necesarios para tener derecho a la prestación contributiva, lo que supone un mayor gasto para el Estado. Se puede argumentar que esto no es un problema porque el Inem tiene un superávit de 3.600 millones de euros (que el PP está utilizando para subvencionar todavía más a los empresarios), lo cual es verdad, pero esta contrarreforma no es una cuestión contable, de si hay o no hay dinero en la caja.
El problema de fondo es la crisis del capitalismo. La burguesía española necesita recomponer su tasa de beneficios, lo que, una vez implantado el euro, sólo puede hacer a costa de la clase obrera, es decir, aumentando la explotación de los trabajadores, para así extraerles más plusvalía. Dicho de otra forma, este recorte del desempleo no se puede entender aisladamente, sino que forma parte de una estrategia global para trasvasar rentas del trabajo a rentas del capital, a través de un ataque generalizado contra los trabajadores, no sólo en el terreno estrictamente económico-laboral, sino también en el político-social (LOU, leyes de "Calidad", de Extranjería, de Partidos, etc.). Por tanto, la lucha contra este decreto también requiere una estrategia global dotada de una perspectiva política (además de que cualquier huelga general es política porque va dirigida contra el gobierno).
Pero aparte del factor económico, también está el factor político. Desaparecida la bonanza económica, que daba un cierto margen de maniobra para dosificar las medidas, y desaparecida también la paz social, que era una importante contrapartida a dicha dosificación, lo más probable es que el PP opte por lanzarse a degüello para intentar aplicar su programa al completo en lo que resta de legislatura. Al fin y al cabo, ¿cuándo mejor que ahora, que tienen mayoría absoluta? Su plan es que a este decretazo le sigan más medidas regresivas en pensiones -ya han anunciado que estudiarán el cálculo de la pensión con toda la vida laboral-, derechos laborales, negociación colectiva, ley Concursal, probablemente una reaccionaria ley anti-huelgas e incluso no se puede descartar un futuro ataque directo a los sindicatos a través de una modificación de la LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical). De hecho, las antiguas alabanzas a la "visión de Estado" de los máximos dirigentes de CCOO y UGT han dejado paso a un discurso muy diferente. Son significativos tanto los argumentos del PP contra la huelga general como las informaciones que ya han aparecido en algunos de los periódicos burgueses más reaccionarios sobre el número de liberados sindicales pagados por el Estado, el dinero de formación, etc., y mucho más significativos todavía van a ser los servicios mínimos abusivos que intentará imponer la Administración (que obviamente no deben ser respetados) y la represión que se observe el mismo día de la huelga general.
La burguesía española cometió un error fatal: confundir al conjunto de la clase obrera con los dirigentes sindicales que habitualmente se codean con ella, siempre dispuestos a ser tan "responsables". Ha pensado que, como otras veces, su estrategia de jugar fuerte le llevaría a ganar la mano. Lo que no calculó es que los trabajadores están hartos de apretarse el cinturón y dispuestos a decir ¡basta! Y este ambiente condiciona la actitud de los dirigentes sindicales. Aznar se ha metido en un berenjenal del que no le va a resultar fácil salir.
El significado de una huelga general
La huelga general no es un enfrentamiento personal entre Aznar y Méndez-Fidalgo, sino un enfrentamiento brutal entre las dos clases decisivas: burguesía y proletariado. Una huelga general pone en primer plano las contradicciones sociales, deja al descubierto de manera descarnada la naturaleza de clase del Estado y las instituciones y tiene hondos efectos en la conciencia de toda la sociedad, independientemente de cuál sea su resultado. Una huelga general no es una huelga más porque pone sobre el tapete quién manda realmente en la sociedad. La burguesía le tiene pánico a las huelgas generales precisamente porque transmiten directamente a la conciencia del conjunto de nuestra clase la idea de que los trabajadores somos los que hacemos que todo funcione, que sin nosotros los empresarios no son nada, que objetivamente la clase obrera es el poder real en la sociedad capitalista. Durante una huelga general exitosa la burguesía es impotente y la clase obrera impone su ley, tiene el poder durante 24 horas. Por tanto, una huelga general siempre es un poderoso estímulo para elevar el nivel de conciencia, es decir, ayuda enormemente a que los trabajadores comprendan que nada ni nadie podrá pararnos si nos organizamos sindical y políticamente como clase. Por tanto, sus efectos pueden prolongarse durante años, como se vio en el caso del 14-D de 1988.
La clase obrera lleva perdiendo derechos y conquistas desde hace muchos años. Este proceso además se agudizó tras la caída del Muro de Berlín, que dio paso a una ofensiva brutal del capitalismo, que desde entonces se entrega a una borrachera de neoliberalismo salvaje. En medio de una orgía de beneficios desorbitantes de las empresas, la realidad de la clase obrera es bien distinta: recortes sociales, pérdida de derechos y de poder adquisitivo, precariedad, privatizaciones de empresas y servicios públicos, despidos masivos, etc. Se pensaban que habían entrado en el paraíso del capital, que podían aumentar sus riquezas a costa de los trabajadores eterna e impunemente, pero, como los marxistas explicamos, la explotación de los trabajadores siempre tiene un límite. Y ese límite ya se alcanzó. Ahora, en la forma de una poderosa reacción de los trabajadores contra sus desmanes, van a tener que sufrir la resaca de su borrachera.
Los indicios de este proceso ya se han podido ver: el año pasado, las dos huelgas generales en Grecia contra el recorte de las pensiones o las huelgas del transporte en Baleares o de la basura en Segovia; este año, la huelga general en Italia y la huelga de los metalúrgicos alemanes o las huelgas de los autobuses interurbanos de Madrid y Barcelona y la huelga del Metal de Cádiz. Huelgas generales masivas y huelgas parciales indefinidas de enorme combatividad, ésta va a ser la tónica del nuevo período de la lucha de clases. En suma, polarización social y radicalización política.
¿Qué estrategia necesitamos?
Desconcertados por la situación del período anterior, los dirigentes sindicales asumieron la derrota, asumieron que la lucha no serviría para nada y que por tanto era mejor negociar, hasta convertir la negociación en un fin en sí mismo. Esta estrategia sindical sólo nos ha llevado a retrocesos y debe ser definitivamente abandonada. La defensa de los intereses de los trabajadores sólo depende de nuestro grado de conciencia, organización, unidad y lucha. Lo más importante del 20-J es que sienta las bases para reconstruir el movimiento obrero, es decir, para reorganizar a los trabajadores, tanto dentro como fuera de las fábricas, que es la única garantía para defender nuestros derechos. La clase obrera sin organización sólo es carne de explotación.
Los marxistas estamos convencidos de que la huelga general va a ser secundada masivamente en todas las zonas industriales del país, porque para los trabajadores hay muchos más motivos que el desempleo. Por eso, la huelga general debería tener un programa reivindicativo que recoja las principales aspiraciones de la clase obrera para mejorar de forma sustancial sus condiciones de vida y trabajo. Y por eso mismo no debería ser desconvocada aunque el PP retirase el decreto, como ya ha dicho Fidalgo. Todo lo contrario, el 20-J debe ser el primer paso de una ofensiva del movimiento obrero para frenar al PP. Porque las posibilidades de que retire el decreto son mínimas. ¿Qué transmitiría una retirada? Que cada vez que el PP presente una medida que no nos guste, basta con amenazar con la huelga general para echarla abajo. Un precio político demasiado alto que la burguesía no está dispuesto a pagar porque dejaría a su gobierno reducido a la impotencia. Y las tradiciones autoritarias de la derecha española también son un factor en esto.
El marxismo debe volver a ocupar su sitio
Estas son las perspectivas. Y ante esta situación, el discurso de corte institucionalista sobre la legitimidad de la huelga general y sobre el papel de los sindicatos como pilares de las sociedades democráticas no conmoverá a la burguesía, dado lo que está en juego. Nuestra única defensa es la organización y que el movimiento sindical se arme con una perspectiva política que responda a los intereses históricos de la clase obrera, es decir, una perspectiva política anticapitalista.
La izquierda, tanto la política como la sindical, necesita reorientarse. La socialdemocracia no ha hecho otra cosa que aplicar la política de la derecha, abriéndole así el camino a ésta, incluso donde, supuestamente, practicaban una política más "social", más "de izquierdas", como en Francia. Y a otro sector, el Muro de Berlín se le cayó encima de la cabeza. Por lo que respecta a los dirigentes sindicales, hasta ahora han venido asumiendo los recortes. La clave para salir de la encrucijada es que el marxismo vuelva a ocupar su sitio en las organizaciones obreras, desplazando a los reformismos de diversos pelajes, que en el mejor de los casos sólo persiguen un "capitalismo de rostro humano".
El capitalismo no tiene nada bueno que ofrecernos. Dentro de él es imposible solucionar los problemas de los trabajadores porque es el propio sistema el que falla. Pero el socialismo no sobrevendrá automáticamente, sólo será posible si una generación desea conscientemente implantarlo. Ésta es una idea básica del marxismo. Y por eso los marxistas no tenemos complejos y decimos en voz alta que luchamos, aquí y ahora, por la transformación de la sociedad.
¡Únete a los marxistas de El Militante para luchar por la Revolución Socialista!
España
Balance de la huelga general del 20-J
Hay que pasar a la ofensiva con otra huelga general
La clase obrera tiene fuerza para derrotar al PP
Militante España
Junio-2002
La huelga general del 20-J ha supuesto un rotundo éxito de participación, con más de 10 millones de trabajadores secundando el paro y más de cuatro millones participando ese mismo día en las manifestaciones.
La industria, la construcción y el transporte han estado prácticamente paralizados. El transporte funcionó exclusivamente con los servicios mínimos y ni siquiera en todas las zonas. Incluso una parte del comercio y de los autónomos secundaron la huelga.
Desde primeras horas los datos sobre consumo de energía eléctrica mostraban la gran repercusión de la huelga, lo que llevó al gobierno a actuar precipitadamente prohibiendo, bajo amenaza de despido, que se hicieran públicos esos reveladores datos.
La demanda de electricidad se redujo más del 20% a pesar de que algunos Ayuntamientos del PP, como el de Guadalajara, mantuvieron encendidas las luces de toda la ciudad durante la jornada de huelga. A la una de la tarde, el consumo era de 23.800 megavatios (MW), un gasto similar al máximo que se consumió el sábado o el domingo anterior. El jueves 20, el máximo de consumo fue de 24.400 MW y el mínimo de 16.735, mientras que el domingo 23 el máximo fue de 25.110 MW y el mínimo de 16.820.
El paro en los sectores claves de la economía fue total. La producción se paralizó. Esta fue la realidad quedando así en evidencia los intentos ridículos del gobierno y sus voceros en los medios de comunicación por dar una imagen de normalidad. Presentando por televisión bares y comercios abiertos querían hacer ver que el país estaba funcionando, lo que resultaba patético al ver los establecimientos prácticamente vacíos. Los ministros aparecían en la televisión con todos los periódicos debajo del brazo, como si los hubieran comprado en el primer kiosco de prensa al salir de su casa, pero la realidad era que cuando alguien en Madrid quiso hacerlo se encontró con que no era posible ya que o bien los kioscos estaban cerrados, el cierre fue casi total, o bien no tenían prensa diaria.
Incluso pararon parcialmente sectores como el pequeño comercio y autónomos. En este caso hablamos de casi tres millones, muchos de ellos son en realidad trabajadores que se ven obligados a hacerse autónomos para tener un mínimo de cobertura legal, porque ni tienen empleados a su cargo ni son empresarios y están muy descontentos con el gobierno ya que son tratados injustamente en relación al subsidio de desempleo cuando quedan en paro, puesto que a pesar de sus altas cotizaciones a la Seguridad Social no tienen derecho a cobrar ninguna prestación por desempleo. Muchos de ellos fueron a la huelga y muchos más irían si los sindicatos hiciesen eco de las justas reivindicaciones que les afectan más directamente.
El 20-J se pusieron en evidencia las diferencias entre el mundo real, un país paralizado por la huelga, y el mundo imaginario del gobierno negando los hechos. El más audaz en este terreno fue el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, quien afirmó que "la huelga fue un fracaso porque, se presente como se presente, el 20-J todo el mundo trabajó".
La debilidad de la burguesía
Esta actitud ridícula del gobierno negando los hechos es la expresión más patética de su impotencia ante el movimiento obrero en lucha. La huelga general ha mostrado a las claras las debilidades del gobierno y la burguesía en el Estado español. ¿Dónde estaba la fortaleza del gobierno de la que tanto nos han hablado estos años y de la que tantas veces se han hecho eco los dirigentes sindicales y políticos de la izquierda?
Como hemos explicado los marxistas, la situación que ha llevado a la derecha al gobierno, incluso su mayoría absoluta, no reside tanto en su fortaleza o en "un profundo giro de la sociedad a la derecha" sino en la debilidad política e ideológica de los dirigentes de la izquierda. Tenemos que volver a señalar hoy que el PP obtuvo su mayoría absoluta gracias a la pérdida de más de tres millones de votos de la izquierda que fueron a la abstención ante la falta de alternativas serias y de izquierdas.
A lo largo de estos años hemos podido observar cómo el gobierno llevaba a cabo su política reaccionaria sin apenas oposición, ni sindical ni política. Hemos asistido a movilizaciones parciales y aisladas de distintos sectores de la clase obrera contra el gobierno y su política derechista y en el último año, masivas movilizaciones de la juventud contra la LOU y la Ley de Calidad. Incluso hemos visto movilizaciones de sectores sociales que, en teoría, son la base política del PP como sucedió con los ganaderos, agricultores, pequeños comerciantes, etc.
Todo esto indica cuál está siendo realmente el ambiente social hacia este gobierno y eso es lo que en gran medida se ha expresado el 20-J. Aunque el motivo central de la huelga general ha sido el decretazo sobre el desempleo, la enorme reacción de los trabajadores pone en evidencia que esta participación tan masiva se debe, además del rechazo al decretazo, al malestar general que se viene acumulando durante años en muchos más terrenos: las privatizaciones, los ataques al sector público, a la sanidad, a la enseñanza, la precariedad laboral, los bajos salarios..., que han venido provocando un aumento de la indignación contra este gobierno reaccionario.
Ya tuvimos un anticipo de este proceso hace un año en la extraordinaria y masiva huelga general en Galicia el 15 de junio de 2001. Ahora ha bastado que, por fin, los máximos dirigentes sindicales de UGT y CCOO se decidieran a pasar a la acción y pusieran la fecha, para que sirviera de vehículo de expresión de todo el malestar acumulado, desmintiendo de esta manera, una vez más, la cantinela de que "los trabajadores no se mueven", "la gente no quiere luchar"... que tantas veces se ha esgrimido para justificar la política de pactos y concesiones.
Nada ha podido impedir un seguimiento total de la huelga. Ahora hay quien trata de minimizarla comparándola con el 14-D. Pero cada huelga es diferente y, lo más importante, es ver en qué dirección se mueven los acontecimientos. No podemos hacer comparaciones mecánicas. El contexto político y económico de la huelga del 14-D y el actual son muy diferentes. En cualquier caso merece la pena hacer unas breves puntualizaciones.
En 1988 el gobierno del PSOE llevaba 6 años cediendo a las presiones de la burguesía, aplicando una política totalmente distinta a la que esperaban de él millones de jóvenes y trabajadores que le habían votado. Tras la reconversión industrial de Solchaga y con motivo del recorte de las pensiones en 1985 ya tuvieron la primera huelga general, convocada en solitario por CCOO, marcando con ello el principio del fin de la "luna de miel" entre el gobierno y el otro gran sindicato, UGT.
El ambiente social empezó a cambiar, a ser más crítico. Esto se puso de manifiesto en las masivas luchas estudiantiles del 86-87, que culminaron con una victoria y provocaron la dimisión del ministro de Educación. Así, cuando el gobierno anunció el tristemente famoso "plan de empleo juvenil", tratando de fomentar los contratos basura, UGT y CCOO convocaron la huelga general del 14-D y toda la situación explotó.
Ahora, el 20-J es sólo el principio ¡y qué principio! En algunos aspectos, como la masividad de las manifestaciones en muchas zonas, ha superado incluso el 14-D. Hasta el momento el gobierno ha podido aparecer como un gobierno de "centro" y muy "dialogante" gracias a la actitud de la oposición y los sindicatos. Pero, como se ha visto, esta imagen era sobre todo eso, imagen. Este gobierno siempre ha sido de derechas y son los representantes políticos directos de la burguesía.
Esta huelga general es el primer episodio de un cambio en la lucha de clases. Ha sido una primera batalla en la que la burguesía pretendía dar un duro golpe a los sindicatos y al conjunto de los trabajadores. Estaban envalentonados porque medían al movimiento obrero por sus dirigentes y la actitud de debilidad que han mantenido. Pero se han equivocado y no han conseguido su objetivo.
Esta huelga ayuda a acentuar la crisis en el PP; no es casualidad que esté siendo ahora, tras su fracaso en el 20-J, cuando sus conflictos internos estén saliendo a la superficie de una forma tan virulenta.
Al mismo tiempo ayudará a clarificar más la situación política, subrayando el auténtico carácter derechista y reaccionario del gobierno del PP.
La burguesía necesita atacar a los trabajadores
Ahora la burguesía, los empresarios, tendrán que sacar las conclusiones de este primer enfrentamiento que todavía no ha terminado. Un sector ya venía planteando su temor al riesgo que podía suponer la ruptura de la paz social y el enfrentamiento abierto con el movimiento obrero. Otro sector optó por intentar apretar más las tuercas y aplastar a los sindicatos para así tener vía libre en su política antiobrera. El objetivo era el mismo: incrementar la explotación sobre los trabajadores, tanto por la vía de reducir los salarios como por la reducción del gasto social, para aumentar sus beneficios.
Esta política de ataques en el Estado español es parte del mismo proceso que estamos viendo a escala internacional. A distintos niveles y con distintos ritmos, en América Latina o en Europa, Italia, Grecia, Francia o Alemania, los ataques tienen el mismo denominador común: hacer frente a la crisis del capitalismo a costa de los trabajadores.
Tras un periodo de crecimiento económico, con aumentos escandalosos e insultantes de los beneficios empresariales, del que los trabajadores apenas se han beneficiado y en muchos casos han visto empeorar sus condiciones, ahora que este periodo acabó y empiezan las dificultades, intentan profundizar los ataques y recortar aún más el nivel de vida de la clase obrera.
En el caso del Estado español la situación económica está empeorando desde hace meses y más allá de la propaganda del gobierno sobre la fortaleza de la economía española, está la realidad de la desaceleración económica que se viene produciendo y que todavía no ha tocado fondo, ni mucho menos, estando presente la posibilidad de una severa recesión.
La inversión está en cifras negativas. La producción industrial también. A nivel internacional Alemania está en recesión y Europa está estancada. Los efectos sobre la economía española pueden ser muy graves, la inflación es más alta que en Europa y la pérdida de competitividad está afectando a las exportaciones y a la propia cuota de mercado interno, agravándose en la medida en que el mercado se reduce.
Para hacer frente a esta situación, la burguesía española pretende reducir costes a través de los salarios y del gasto social.
Los salarios, que habían mantenido bajos durante años incluso perdiendo poder adquisitivo en pleno boom económico, comenzaron a subir peligrosamente para ellos durante el 2001, donde se recuperaron siete décimas de poder adquisitivo, y ahora quieren reducirlos de nuevo.
Al mismo tiempo en 2001, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, se produjo un incremento del 5,8% en el número de beneficiaros de prestaciones por desempleo, algo que puede ser peligroso si, como indica la actual tendencia, el paro se incrementara de forma rápida e importante como sucedió en la anterior recesión del 93.
Por eso estas medidas, desde el punto de vista de los empresarios, son más que necesarias. Pretenden reducir costes aumentando sus beneficios para poder hacer frente al empeoramiento de la situación económica. Por tanto estas medidas no nacen de la "maldad" de Aznar, o de "quitarse" ninguna careta. Son fruto de los intereses de la burguesía. El gobierno del PP tiene mayoría absoluta y los empresarios demandan estas medidas. Si han valorado que el enemigo está débil y sin capacidad de respuesta, ¿qué mejor momento para llevarlas a cabo?
Otra cosa diferente es que su error de apreciación en relación al 20-J, ahora les obligue a replantearse su forma de actuar.
Sin embargo, hasta ahora mismo, es difícil que el gobierno cambie de postura tras la huelga general si todo queda en el 20-J. El gobierno seguirá con los ataques y no retirará el decretazo. Tienen más ataques en cartera: la Ley Concursal (Ley de Quiebras); la reforma de la negociación colectiva; la ley de huelga; el acuerdo de Pensiones en el 2003 y un largo etcétera, por lo que es lógico que se pregunten "si ahora cedemos ante una huelga general de 24 horas, ¿qué haremos con todo lo demás?". ¿Acaso podrían pactar esas leyes con los dirigentes sindicales, como ha venido sucediendo todo este tiempo? Por decir poco, sería bastante difícil, ya que necesitan, cada vez con más urgencia, profundizar su política de ataques y, por otro lado, los trabajadores han demostrado que no están dispuestos a permitírselo sin más.
Romper con la política de pactos
Esta huelga general ha puesto de manifiesto que la política sindical de pactos y consenso ha alcanzado sus límites.
Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la dirección de UGT se vio en la necesidad de hablar hace ya un año de la convocatoria de una huelga general, debido a las presiones que veía en el movimiento. Este mismo proceso ha afectado también a CCOO donde, además de la oposición del Sector Crítico, Fidalgo ha tenido que sufrir una escisión en su bloque, quedando prácticamente en minoría, como consecuencia de su empecinamiento en mantener la política de pactos con el gobierno, contra viento y marea, obligando al sindicato a oponerse activamente a la huelga general en Galicia, aunque las bases participaron activamente en la misma, rompiendo la disciplina de la dirección.
Este malestar entre los trabajadores tuvo su expresión a partir de 1999 con el aumento de la conflictividad laboral. En 1998 participaron en huelgas 679.500 trabajadores y se perdieron 1.608.700 jornadas. En 1999 la participación fue de 999.400 y se perdieron 1.273.000 jornadas. Ya en 2000 participaron 1.872.500 siendo 3.088.000 las jornadas perdidas. En 2001 se produce un descenso al mismo tiempo que un endurecimiento de las luchas, donde aparece de forma cada vez más generalizada el recurso a la huelga indefinida en sectores como limpieza o transporte, dándose una mayor radicalización y endurecimiento de las luchas.
Todo esto venía sucediendo al mismo tiempo que se negociaba y pactaba por parte de los máximos dirigentes, lo que acentuaba las críticas y la desconfianza hacia ellos por parte de un sector cada vez más importante de trabajadores.
En esta situación el gobierno tomó la decisión de hacer oídos sordos a los sindicatos, despreciándoles, al imponer primero el decretazo sobre relaciones laborales en 2001 y ahora intentando hacer lo mismo con la reforma del desempleo, llevándoles a una situación límite. Esto les obligó a convocar la huelga general. Despreciados por arriba y presionados por abajo, los dirigentes sindicales veían en peligro su papel como interlocutores sociales y han tenido que recurrir a su única base de apoyo: la clase obrera, que ha respondido con una magnífica huelga general.
Esta respuesta ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio en la política de los dirigentes sindicales. Ante la huelga los aparatos sindicales han aparecido bastante "oxidados". Durante años han estado negociando, pactando y a la hora de luchar seriamente han tenido muchas dificultades para mover todo el aparato sindical. La propaganda ha llegado tarde y ha sido escasa; muchos delegados estaban "descolocados" y no sabían bien como reaccionar; a muchas empresas no se ha llegado directamente y en casi ninguna querían someter a votación el apoyo a la huelga porque temían dar el protagonismo que corresponde a las asambleas de trabajadores, con el argumento de que "no es necesario porque la huelga ya está convocada y podría suceder que no se apoye porque la gente no lo entienda". En una palabra, han desconfiado de la fuerza y la disposición a la lucha de la clase obrera hasta el último momento.
Continuar la lucha
Todo esto tiene que cambiar. Hay que volver a recuperar las mejores tradiciones de lucha y participación, porque la situación lo va a demandar. Cada vez será más necesario que los delegados sindicales sepan luchar y ser firmes en sus demandas, basándose en la fuerza de los trabajadores, en lugar de "negociar" con el empresario y "llevarse bien" con los encargados, llegando a acuerdos amistosamente alrededor de una mesa, a veces incluso a espaldas de los trabajadores.
Los trabajadores necesitamos sindicatos. Sindicatos fuertes y combativos. Esta huelga ha puesto también de manifiesto que para los empresarios, en última instancia, el mejor sindicato es el que no existe.
Los dirigentes sindicales piensan que podrán volver a la situación de antes, recuperar la paz social, pero eso ahora es mucho más difícil, tanto por la situación económica como por la actitud de los trabajadores. Y desde luego se equivocarán si piensan que la clase obrera es como un grifo que se abre o se cierra a su capricho. En muchos sitios hemos podido ver que el apoyo a la huelga general ha ido acompañado de una actitud muy crítica con los dirigentes. Se ponía en evidencia que había "temas pendientes" en cómo actuaron en el último convenio, o en los anteriores despidos, o en el pasado expediente... En definitiva, en la política sindical que cotidianamente han venido practicando.
Pero por encima de todas esas críticas, los trabajadores sí entendieron la esencia de la situación, lo que estaba en juego el 20-J, y actuaron como un solo hombre. Ni la precariedad, ni las amenazas, ni la represión evitaron la huelga.
Sólo en Euskadi hemos tenido una situación que ha evitado que el 20-J tuviera la misma dimensión que en el resto del Estado. Pero debemos señalar que incluso en Euskadi, si consideramos los días 19 y 20 en su conjunto, la huelga ha sido masiva; si bien esto no resuelve el problema que se ha puesto de manifiesto: el peligro de la división del movimiento obrero en líneas nacionales. Algo que sólo podrá ser resuelto si los dirigentes sindicales estatales asumen realmente la defensa de los justos derechos democráticos nacionales de Euskadi y rompen, en este terreno también, con la política de seguidismo del PP mantenida hasta ahora.
Los sindicatos ya han anunciado algunos primeros pasos a dar. El 15 y 16 de julio habrá manifestaciones coincidiendo con el debate del estado de la nación en el Parlamento, y en septiembre se habla de una macro manifestación en Madrid al tiempo que se lleva a cabo el trámite parlamentario con el que el gobierno pretende aprobar el decretazo con el apoyo de CiU y CC.
Además, los combativos jornaleros del SOC, dando muestra de su decisión y disposición a la lucha, han anunciado que continuarán las movilizaciones, hablando de una marcha sobre Madrid.
Si el gobierno mantiene su postura, y por ahora parece dispuesto a ello, la lucha va a continuar. Pero sería necesario aprovechar la fuerza del 20-J y pasar a la ofensiva. Los sindicatos deberían empezar ya a preparar la próxima huelga general, incluyendo reivindicaciones pendientes como las que han señalado en la cuestión de la fiscalidad, los emigrantes, la enseñanza..., a lo que habría que añadir también la cobertura a todos los parados, incremento del SMI, jubilación a los 60 años con el cien por cien del salario y contrato de relevo, jornada de 35 horas sin reducción salarial, contrato fijo a los 15 días, derogación de la Ley de Partidos Políticos y demás leyes represivas que ha aprobado el gobierno.
Hace falta una política socialista
La huelga general ha puesto de manifiesto la fuerza y la disposición a la lucha por parte de los trabajadores, pero más revelador, si cabe del ambiente social, ha sido la masiva participación en las manifestaciones. Más de medio millón en Madrid y Barcelona; manifestaciones de cientos de miles en las principales capitales y decenas de miles y millares en pueblos y ciudades por todo el Estado. Es evidente que incluso algunos de los que no pudieron ir a la huelga, por una u otra razón, fueron después a las manifestaciones. Millones de jóvenes, nuevos sectores de trabajadores, han participado en la movilización. Para muchos de ellos era su primera huelga general e incluso su primera manifestación. Esto ha sido sólo el principio. Ahora dependerá de los próximos acontecimientos que el proceso de incorporación de estas capas a la lucha y a la actividad sindical sea más rápido o más lento.
El carácter de estas manifestaciones era extraordinariamente combativo, de oposición radical al PP y su política. Podemos asegurar que reflejaba la búsqueda de una auténtica alternativa que ilusione y de continuidad en el plano político a las aspiraciones que allí se expresaban. Se veían todas las condiciones para que cristalizara una auténtica alternativa de izquierdas que realmente rompa con la política convencional mantenida hasta ahora por los partidos tradicionales de la izquierda. Un fenómeno parecido al que vimos en Francia con manifestaciones masivas contra Le Pen protagonizadas por millones de jóvenes, pero que desconfían de la izquierda tradicional que cuando acceden al gobierno, digan lo que digan en la oposición, se convierten en respetables "políticos de Estado" y decepcionan sus aspiraciones de cambio social.
Es probable que este movimiento, que refleja el deseo de un profundo cambio social, no se exprese en las urnas si no hay un cambio también palpable y evidente por parte de los dirigentes de la izquierda. Algunos dirigentes creen equivocadamente, haciendo gala de un estúpido cretinismo parlamentario, que este movimiento les apoyará electoralmente y que, por lo tanto, sólo necesitan conquistar el etéreo e inexistente espacio político de "centro" para así atraer los votos de las capas medias y ganar las próximas elecciones. Se equivocan totalmente.
Todas las aspiraciones que hemos visto expresarse el día 20 son imposible de satisfacer bajo el sistema capitalista que, en realidad, es un callejón sin salida. Lo que se consigue en un momento determinado a través de la lucha, la burguesía intenta quitarlo a la primera oportunidad. Hay que preparar las fuerzas para acabar de raíz con el origen de los problemas que padecemos los trabajadores. Es necesario construir desde ya una auténtica alternativa revolucionaria y ese es el objetivo que nos proponemos desde El Militante . Por eso llamamos a todos los jóvenes y trabajadores a unirse a nuestro movimiento. Esta situación no se da sólo en el Estado español; en Francia, Grecia, Italia o Argentina, a distintos niveles, se ve la misma situación. El capitalismo no puede resolver los problemas de la sociedad. Se necesita otra sociedad que ponga todos los recursos al servicio de la mayoría de la población, controlados democráticamente por los trabajadores. Esto es la democracia obrera, el socialismo.
Colombia
Dos huelgas generales en un mes y medio
El movimiento obrero y los campesinos pueden derrotar la ofensiva reaccionaria de Uribe
Miguel Campos
Noviembre/2002
Tan sólo mes y medio después de la huelga general del 16 de septiembre, que movilizó a alrededor de un millón de personas pese a la brutal represión, los trabajadores y campesinos colombianos han vuelto a movilizarse este 30 de octubre en un nuevo Paro Nacional contra las medidas reaccionarias decretadas por el gobierno de Álvaro Uribe desde su llegada al poder en mayo.
La ofensiva reaccionaria de la burguesía
Estas medidas abarcan tanto el terreno económico como el político. La "reforma laboral" aprobada por el gobierno constituye un ataque al empleo estable en la línea de los lanzados en otros muchos países durante el último período y persigue el mismo objetivo: abaratar y facilitar el despido y precarizar las condiciones de trabajo para aumentar los beneficios empresariales. La indemnización por despido pasa de 45 días por el primer año trabajado y 20 días por los siguientes a 15 días por año. Hasta ahora la jornada laboral estipulada legalmente abarcaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, las horas trabajadas fuera de este horario debían ser abonadas como horas extras; tras la "reforma" la jornada legal pasa a ser de 5 de la mañana a 9 de la noche con lo que los empresarios podrán disponer de 2 turnos de 8 horas sin pagar horas extras.
Por si fuera poco, serán"incentivados" con la eliminación de hasta un 100% de las aportaciones para las cajas de compensación (Seguridad Social). Y todo ello mientras el subsidio de desempleo sigue representando una miseria, el 50% del último salario, y solamente es percibido entre 4 y 6 meses. ([1])
En el colmo del cinismo, el gobierno presenta esta contrarreforma como el único modo de crear puestos de trabajo y combatir el crecimiento del desempleo. El propio Ministro de Trabajo reconocía que las cifras de desocupación recogidas en las estadísticas oficiales (16%) distan mucho de reflejar la realidad, que otras fuentes sitúan en más del 20%. El desempleo ha aumentado en 221.000 personas en los últimos meses (171.000 en el campo y 50.000 en la ciudad) y, según una encuesta de Gallup, el 70% de los asalariados colombianos teme perder su puesto de trabajo. En estos momentos el subempleo afecta ya al 35,1% de los trabajadores. "Hay 6.797.000 colombianos sobreviviendo con trabajos ocasionales que no corresponden a sus capacidades, son mal remunerados, sin seguridad social o haciendo parte de la llamada economía informal" ([2])
La reforma laboral agravará aún más esta dramática situación y empujará a millares de trabajadores a engrosar las filas de ese 60% de colombianos que viven el pobreza, intensificando también las desigualdades sociales, ya intolerables: el 20% más rico de la sociedad colombiana acapara el 52% de la riqueza, 26 veces más que lo que posee el 20% más pobre. ([3])
A este ataque laboral se une una reforma de las pensiones que, además de subir las cotizaciones y retrasar la edad de jubilación necesarias para acceder a este derecho, recortará también la cuantía de la pensión a percibir por los trabajadores al incrementar el número de años que serán computados para hallar el promedio regulador de la pensión a los últimos 20 años de vida laboral. Además, sectores que disfrutaban de un régimen especial en mejores condiciones como los profesores, los trabajadores de la petrolera estatal ECOPETROL o los de Telecom. se verán privados del mismo. Los únicos que lo conservan son ...¡los militares¡.
A estas medidas se une una reforma tributaria que aumenta las retenciones a los trabajadores y extiende el IVA a productos de consumo masivo o primera necesidad que hasta ahora no lo tenían.
Ley de Conmoción Interior y contrarreforma política
Pero aún más graves que estos ataques económicos son los políticos. El Parlamento está discutiendo una "reforma política" que debería someterse a referéndum en los próximos meses, cuyo objetivo es ampliar los poderes presidenciales y recortar los del Parlamento, prolongar el mandato de los gobernadores y alcaldes que deberían cesar en sus cargos este año y reforzar el bipartidismo entre los dos grandes partidos burgueses (Liberales y Conservadores) mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo para que una fuerza política pueda acceder a la Cámara.
El señuelo para intentar engañar a los electores, en particular a la clase media y a las capas menos conscientes políticamente de la población, es presentar esta "reforma" como una medida que reducirá el número de parlamentarios, ahorrará gastos y luchará contra la corrupción. Pero la inclusión de un punto que plantea la congelación del gasto público y otro proponiendo la reducción de los empleados del estado no ofrece duda de cuáles son los verdaderos objetivos de Uribe y la burguesía colombiana. Su intención es recortar los gastos sociales brutalmente y, además, hacerlo dividiendo a la población e intentando enfrentar a la clase media (preocupada por los impuestos y el gasto del estado) con los trabajadores del sector estatal.
La otra gran medida política tomada por Uribe ha sido decretar la Ley de Conmoción Interior desde el pasado mes de agosto. Este es el ataque más grave y brutal de todos: permite al Presidente de la nación suspender derechos como el de reunión, huelga o manifestación; autorizar escuchas ilegales, allanamientos de morada o detenciones arbitrarias e incluso declarar las llamadas "zonas de rehabilitación", lugares del país donde todo el poder pasa temporalmente a manos de un militar designado por el presidente y que sólo responde ante él. Este gobernador militar puede declarar el toque de queda, limitar la libertad de movimientos, impedir la entrada de extranjeros (incluidas organizaciones de derechos humanos) y ordenar a detenciones y registros.
La resistencia popular a estas medidas no se ha hecho esperar y está siendo duramente reprimida. Uribe declaró ilegal la huelga del 16 de septiembre, aunque esta decisión y los muertos y desaparecidos que provocó la actuación del ejército y la policía no pudieron impedir que cerca de un millón de trabajadores colombianos se echaran a la calle venciendo el miedo y la represión ([4]). El gobierno colombiano también decidió expulsar a cooperantes y observadores internacionales para que no hubiese testigos de esta represión.
La respuesta a las medidas del gobierno está siendo amplia a pesar de la represión y de los problemas para plantar cara de forma unitaria a la oligarquía que tradicionalmente han tenido la izquierda, el movimiento obrero y el movimiento campesino colombianos. Se ha creado un Comando Unitario de Paro que engloba a las principales organizaciones obreras, campesinas, comunales y estudiantiles del país y, ante la continuidad de la ofensiva uribista, en un Encuentro Nacional obrero y campesino se decidió convocar a este nuevo paro nacional del 30 de octubre.
El paro nacional del 30 de octubre
El paro se ha encontrado con muchas dificultades, especialmente en los lugares que ya han sido declarados "zonas de rehabilitación", que son bastantes, pero incluso allí se han celebrado en muchos casos mítines y actos de protesta en el interior de las factorías. En otros casos los trabajadores han desafiado abiertamente la represión gubernamental, 7.000 obreros de la factoría de ECOPETROL (la empresa estatal petrolífera) de Barrancabermeja -según informa Edgar Santos en Indymedia- tras ver como su empresa era militarizada pararon el mantenimiento y se movilizaron por la ciudad. Los trabajadores de la sanidad también vieron como el gobierno prohibía cualquier tipo de paro y los de muchas empresas privadas se enfrentaron a la presión brutal de sus empresarios.
Aún así, la huelga fue significativa en muchos sectores, particularmente en los más organizados. Según el dirigente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), paró el 50% de empleados estatales ([5]) . En la enseñanza el seguimiento fue muy masivo. Además, hubo bloqueos de carreteras y marchas en las principales ciudades del país con una asistencia importante. En estas marchas, junto a los trabajadores, participaron numerosos campesinos y estudiantes. En algún caso se sumaron trabajadores que no lo suelen hacer como los de la Contraloría nacional (agencia encargada de la investigación fiscal), amenazados por la eliminación de sus empleos y la privatización, o asociaciones de vecinos y comités de usuarios del transporte público que han protagonizado una dura lucha en los últimos meses contra el alza de los precios del mismo. Varios sindicalistas ya han planteado que si el gobierno no cede será necesario convocar un nuevo paro nacional.
Todos estos datos demuestran que la clase obrera está dispuesta a plantar cara a los planes reaccionarios de la oligarquía colombiana y el imperialismo y que, con una actuación decidida por parte de los dirigentes sindicales y los líderes del Polo Democrático (la coalición de izquierdas representada en el Parlamento que obtuvo un 7% en las últimas elecciones) y un programa revolucionario orientado a ganar el apoyo de otros sectores sociales y capaz de transmitir que hay otra alternativa y que es necesario y posible derribar al gobierno, es posible levantar un movimiento de masas capaz de derrotar a Uribe.
El ALCA y el Plan Colombia
Los ataques económicos y políticos de Uribe obedecen en última instancia a los planes que la oligarquía colombiana, siguiendo los dictados del imperialismo estadounidense para toda América Latina, tiene para Colombia.
En la división internacional del trabajo al servicio de las multinacionales característica de este orden mundial imperialista bajo el que vivimos (eufemísticamente llamado globalización), a Colombia y a toda Latinoamérica le corresponde el papel de suministrador de mano de obra y materias primas a bajo precio. En un contexto de sobreproducción a escala mundial, crisis del sistema y lucha creciente por los mercados entre las diferentes potencias imperialistas, EE.UU. se prepara para intentar dominar aún más férreamente las riquezas y mercados de su patio trasero. Ese es el objetivo del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que el imperialismo estadounidense está impulsando y que debería entrar en vigor a partir del 2005.
La oligarquía colombiana parece decidida a conseguir la medalla de oro en la patética carrera entre los capitalistas latinoamericanos por ver quien se arrodilla más y con mayor rapidez ante el amo imperial y le ofrece las condiciones más ventajosas a costa de hundir aún más en la miseria a su pueblo. Quieren convertir Colombia en una gran maquiladora (planta de montaje con mano de obra muy barata) al servicio de las grandes multinacionales yanquis, con obreros en precario, bajos salarios, sindicatos débiles o, mejor aún, sin sindicatos.
La ofensiva económica del imperialismo estadounidense para establecer una gran área comercial en toda América Latina bajo su control exclusivo va acompañada, por supuesto, de una ofensiva política y militar. Están intensificando su presencia militar en todo el continente. El Plan Colombia, presentado con la falsa y cínica excusa de combatir el narcotráfico, es la primera cabeza de playa en este objetivo. Tras tener que abandonar Panamá, el imperialismo yanqui quiere utilizar Colombia como base principal para intensificar su control político y militar, en primer lugar sobre este país pero también sobre toda la zona. Cada vez más motivos les empujan a ello.
Los acontecimientos revolucionarios en Argentina y Venezuela; la situación en Ecuador -donde la revolución de enero de 2000 no pudo ser aplastada y vemos nuevas expresiones del deseo de las masas de cambiar la sociedad (como demuestra el apoyo popular a Lucio Gutierrez en las recientes elecciones); la llegada del PT al poder en Brasil y los síntomas de radicalización de las masas en todos los demás países latinoamericanos hacen que el imperialismo y las burguesías latinoamericanas se estén preparando para un futuro cada vez más inestable, tal y como preveíamos los marxistas, un futuro de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones.
En el caso colombiano además les empuja a intervenir ya en este momento concreto la prolongación sin salida a la vista del conflicto militar con las guerrillas de izquierdas (las FARC y el ELN) y una situación de crisis económica y agudización de la lucha de clases en el país que, combinada con la existencia de la guerrilla, les recuerda peligrosamente las experiencias de Cuba o Nicaragua.
Dinamita en los cimientos del gigante americano
EE.UU., además de la presencia militar en aumento en Colombia, ya ha establecido bases militares en Ecuador y otros países y ha organizado maniobras conjuntas de varios ejércitos latinoamericanos como el "ejercicio Cabañas 2001" y otros ensayos más recientes en Chile. Es significativo que, según distintos expertos militares que han estudiado estas maniobras, las mismas se han centrado en cómo derrotar a un hipotético enemigo interno y no en un supuesto conflicto militar entre países.
En realidad esta ofensiva militar no es un síntoma de fortaleza del sistema sino un reflejo de su crisis profunda, cada vez tienen más problemas para mantener la estabilidad y su dominio por medios normales, "pacíficos", mediante el engaño de la democracia burguesa y se preparan para la posibilidad de tener que recurrir al dominio por medios militares. En caso de que cualquiera de estos focos de inestabilidad revolucionaria se les escapase de control se verían obligados a intervenir (incluso militarmente).
Mientras puedan -debido a que la experiencia de Vietnam aún está fresca en la memoria de millones de jóvenes y trabajadores estadounidenses- utilizarán a los ejércitos burgueses de la zona con "apoyo logístico" de EEUU (como ya están haciendo con el ejército colombiano en la lucha contra la guerrilla). Pero esto tiene su propia dinámica y la imposibilidad de estabilizar definitivamente la situación por esos medios podría obligarles a tener que intervenir cada vez más directamente. Una situación semejante, como también ocurriera en Vietnam, sería un callejón sin salida y tendría efectos revolucionarios en todo el continente y también en los propios Estados Unidos.
El imperialismo estadounidense perdió la guerra de Vietnam fundamentalmente debido al descontento social y rechazo de su propia opinión pública, una intervención en un país latinoamericano tendría un efecto incomparablemente mayor. Las masas latinoamericanas y los millones de hispanos que viven en EEUU (y también muchos otros trabajadores), sometidas además a los efectos de la crisis económica (el número de pobres en EE.UU. ha alcanzado un nivel histórico 39 millones de personas, aumentando en 1.300.000 el último año), la precarización laboral y los recortes sociales de los últimos años, responderían con una rabia e indignación desconocidas. Como explicaba Trotsky ya en los años 30 el imperialismo americano tiene dinamita en sus cimientos. Su principal debilidad es que no pueden estabilizar ninguna zona del planeta definitivamente sino que la crisis del sistema crea cada vez más descontento y malestar social tanto en el mundo como entre las propias masas estadounidenses. Todo su gran poder militar no puede solucionar esta contradicción sino que la agrava más cada día.
De la negociación con las FARC a la "guerra contra el terrorismo"
En otros artículos hemos analizado las causas, desarrollo y perspectivas para el conflicto militar que sangra a Colombia desde hace décadas ([6]). El origen de este es en última instancia la injusta distribución de la riqueza y en particular de la propiedad de la tierra, con un 1,5% de grandes propietarios que posee el 80% de la tierra mientras el 85% de los campesinos son pobres. Desde el asesinato del líder populista Gaitán en los años 40 que provocó el estallido de la guerra campesina la oligarquía colombiana (formada por la fusión de intereses entre los grandes terratenientes y ganaderos del campo y la burguesía industrial y financiera de las ciudades) ha sido incapaz de normalizar y estabilizar la situación, recurriendo cada vez más a la represión contra los campesinos e indígenas y al exterminio físico de cualquier movimiento popular que cuestionaba sus privilegios, fracasando todos los intentos de negociación llevados a cabo.
La creación de los paramilitares fue una especie de privatización de la represión. Los jefes paramilitares, pertenecientes a la oligarquía terrateniente y ganadera o estrechamente vinculados a ella, armaron a sectores lumpenizados y desesperados y crearon bandas mercenarias que además de combatir a las guerrillas de izquierdas, reprimen cualquier brote de organización campesina independiente e imponen un régimen de terror en aquellas zonas que controlan. Esto ha provocado dos millones de campesinos desplazados y obliga a los que se quedan a aceptar las condiciones de semiesclavitud que imponen los latifundistas.
En determinados momentos, otros sectores de la burguesía -sobre todo los industriales- pueden ver con preocupación esta situación y el riesgo de escalada militar. Eso no es bueno para los negocios, crea descontento social y movilizaciones pidiendo la paz, puede escaparse de control o acabar con una victoria guerrillera.
Esa fue una de las causas, entre otras, de que abriesen la negociación de 1998. Pensaban que, en un contexto económico y social muy diferente del actual, marcado por el giro a la derecha tras el colapso del estalinismo, las derrotas guerrilleras en varios países y la de los sandinistas en Nicaragua, podrían forzar a los dirigentes de las FARC a abandonar las armas. Combinaron una negociación en la que sólo estaban dispuestos a negociar las condiciones de la rendición, mientras intentaban engañar a las masas presentando a los guerrilleros como intransigentes, con el intento de desgastarlos militarmente. Pero el fracaso la negociación es la mejor evidencia de que ningún sector de la burguesía está interesado en resolver las causas sociales del conflicto militar y acabar con los paras y ,con ello, con los privilegios de los latifundistas y narcos. Hay demasiados intereses económicos en juego y demasiados lazos comunes entre los distintos sectores de la oligarquía y entre esta y el imperialismo como para poder hacerlo.
Sin embargo, en 4 años no han conseguido la rendición, ni siquiera una escisión o un debilitamiento significativo de la guerrilla, y en la nueva situación de crisis económica profunda en Colombia y en toda Latinoamérica, con el resurgimiento de la lucha revolucionaria de las masas, no pueden permitir la existencia del punto de referencia que puede representar la guerrilla. Por eso han roto la negociación. Es más, han presentado el conflicto militar como una lucha entre guerrilleros de izquierdas y de derechas (a estos últimos como hemos visto son ellos mismos quienes los alimentan) en la que las leyes represivas, el fortalecimiento del ejército y la militarización creciente del país son imprescindibles para luchar "contra la violencia", "mantener el orden" y demás.
Uribe
La burguesía utiliza hábilmente también los métodos desesperados que cada vez más, a consecuencia del estancamiento de la lucha, están utilizando los dirigentes guerrilleros (secuestros masivos, atentados contra instalaciones públicas,...), o sus errores, para ocultar las verdaderas causas políticas del conflicto y presentar a los guerrilleros como "asesinos", "terroristas" con los que es imposible dialogar. Incluso les presentaron un ultimátum en la negociación que los guerrilleros no podían aceptar de ningún modo ([7]) para culpabilizarlos de una ruptura que la burguesía ya tenía decidida. Lo cierto es que han tenido cierto éxito al menos temporalmente y de forma parcial en este objetivo y, especialmente entre capas más atrasadas políticamente de la población y considerables sectores de la clase media, han conseguido hacer calar algunas de estas ideas.
Uribe llegó al poder abanderando "la ruptura de la negociación si los guerrilleros no abandonaban las armas" y planteando un fortalecimiento de la lucha militar al tiempo que utilizaba cínicamente todo tipo de promesas demagógicas, la lucha contra la corrupción e incluso un discurso contra los partidos tradicionales y la desprestigiada casta política oficial burguesa ( a la que el mismo siempre ha pertenecido). Pero el 53% de apoyo que le dio la victoria en la primera vuelta no representa un apoyo sólido a sus ideas y planes reaccionarios, una parte importante de este apoyo se basaba en la falta de alternativas, sus promesas ahora incumplidas y la desesperación ante la ausencia de una salida al conflicto militar, que la política del propio Uribe sólo enquistará y agravará más.
Los votos comprados y del miedo en los territorios controlados por los paramilitares también son una parte considerable de ese supuesto apoyo. Pero el dato más elocuente es que una parte significativa de los trabajadores y campesinos más conscientes (700.000 votos) votó a la izquierda y más del 50% de los electores se abstuvo, reflejando así su hastío y cansancio, la falta de una alternativa que en aquellos momentos diese sensación de poder ganar y cambiar las cosas pero también el potencial que existe si la izquierda política y social ofrece esa alternativa.
Los planes reaccionarios de Uribe no acaban en la reforma política o la Ley de Conmoción Interior, su propuesta de crear un cuerpo de civiles para realizar "actividades de información y lucha contra el terrorismo" es en realidad un intento de legalizar al menos a una parte de los paramiliatres fascistas y permitirles actuar bajo el paraguas del estado. Este camino ya fue ensayado por el propio Uribe durante su período como gobernador de Antioquia, cuando creó las autodenominadas milicias CONVIVIR. El presidente Samper (liberal) tuvo que prohibir, al menos oficialmente, esa organización y reconoció que estaba compuesta por paramilitares y que, además de contra la guerrilla, había actuado contra distintos luchadores populares.
¿Hacia un estado policial?
La espectacular toma militar de la Comuna 13, un populoso barrio del extrarradio de Medellín, que hemos visto en televisión durante las últimas semanas da una idea de lo que podría ocurrir a nivel más general en un futuro no muy lejano si la movilización revolucionaria de las masas no lo impide. Desde hace un año los paramilitares han lanzado una ofensiva sangrienta, aliados a bandas de delincuentes, para tomar el control de los barrios más pobres de Medellín con la excusa de que eran un refugio o estaban controlados por la guerrilla. En estos momentos, según diversas fuentes, controlan un 70% de estos barrios, sometiendo a los habitantes al pago de "impuestos" y al terror. En la Comuna 13 viven más de 100.000 personas y el desempleo o subempleo afectan a un 77% de la población, estas condiciones sociales lo han convertido en un bastión tanto de distintas organizaciones populares como de las FARC.
El ejército no ha intervenido contra ninguna de las zonas controladas por los paramilitares pero ha utilizado como excusa una provocación de estos para entrar a sangre y fuego en el barrio no sólo contra la guerrilla sino contra los habitantes y ciudadanos de la misma. Organizaciones populares como el Proyecto Estudiantil Revolucionario o incluso el periódico de Medellín El Colombiano han denunciado como detrás de la toma del barrio también están los intereses especulativos de sectores de la burguesía local que codician los terrenos de este asentamiento popular para distintos negocios. Este es el auténtico carácter de la "democrática" y "antiviolenta" burguesía colombiana.
Desde hace ya un tiempo, los paramilitares fascistas están ampliando cada vez más decididamente su actuación terrorista del campo a la ciudad con el objetivo de impedir la organización creciente del movimiento obrero. Cada tres días es asesinado un sindicalista en Colombia, las denuncias de Javier Correa, dirigente del sindicato SINTRAIANAL, sobre la utilización de las bandas paramilitares por parte de la multinacional Coca Cola ([8]) para asesinar a sindicalistas durante la negociación del convenio y para debilitar al sindicato, llegando a entrar con la connivencia de la empresa en las plantas embotelladoras para obligar a los trabajadores a renunciar a su afiliación, da una idea clara de cuales son sus objetivos. El resultado final fue el debilitamiento del sindicato y la contratación de un 83% de trabajadores subempleados.
Por el momento, y mientras puedan elegir, los capitalistas colombianos y ,sobre todo, el imperialismo yanqui intentarán combinar la represión estatal, el recurso controlado a la acción de los paramilitares con el mantenimiento de las formas "democráticas" (si bien, como demuestra la reforma política de Uribe, cada vez con mayores recortes y una tendencia creciente a usar métodos bonapartistas y policiales). Probablemente, un sector piensa que intentar instaurar demasiado prematuramente y sin que las circunstancias les obliguen a ello una dictadura bonapartista civil o militar podría tener efectos contraproducentes: desde provocar una respuesta popular incontrolable en la propia Colombia hasta generar más descontento y movilización en otros países de la zona. El imperialismo también tiene la experiencia de que estos regímenes, además de romper su imagen de "defensores de la democracia", han tenido tendencia en el pasado a ir más lejos de lo que ellos querían y acabar creando nuevos problemas y focos de inestabilidad.
La clase obrera puede ganar
Si planteamos esta idea es porque pensamos que esta lucha está en pleno desarrollo y la clase obrera colombiana tiene tiempo y oportunidades suficientes para poder ganarla pero esto exige que sus dirigentes la hagan consciente de estos riesgos y le ofrezcan un programa capaz de unificar a todos los sectores que sufren en sus carnes las políticas económicas y sociales reaccionarias del imperialismo y el capital. Tarde o temprano la lucha de clases empujará a la burguesía colombiana a recurrir aún más abiertamente a la represión militar y policial más sangrienta, como ya hicieron en el pasado y están haciendo hoy de un modo más selectivo y controlado en Colombia y otros países. Lo único que puede evitar este escenario es la lucha unitaria y masiva de los trabajadores y campesinos por derribar a este gobierno y cambiar la sociedad.
Uribe no es fuerte, la burguesía colombiana tampoco y como ya hemos explicado el propio imperialismo no es invencible. Evidentemente, su poder es considerable pero, como demuestra la movilización de las masas en Venezuela contra el golpe del 11 de Abril o los acontecimientos en Argentina en diciembre de 2001, este poder se resquebraja y queda paralizado cuando la clase obrera -sin cuyo permiso nada funciona en un país- se pone en marcha. El rasgo más destacable de la situación colombiana es que el proletariado, a pesar del terror de los paramilitares, del miedo a la represión y al desempleo, ha entrado en escena. Esto puede resultar decisivo para el futuro.
Antes o después, Uribe o cualquier otro representante de la burguesía se verán obligados por la situación del capitalismo y la necesidad de atacar aún más ampliamente al pueblo a intentar la vía del bonapartismo burgués, de un gobierno "fuerte" basado cada vez más en la represión. Ya están dando los primeros pasos. Pero esto está provocando una respuesta importante, especialmente en la huelga del 16 de septiembre, aunque también se repitió en el paro y las marchas del 30.
Para que la lucha contra los planes de Uribe crezca y triunfe es imprescindible que tenga una perspectiva global y pase al terreno político. Las huelgas generales deben tener como horizonte no sólo defenderse de los ataques económicos y políticos sino acabar con este gobierno reaccionario y sustituirlo por un gobierno al servicio de los trabajadores y campesinos.
Los dirigentes sindicales y campesinos deben llamar a realizar asambleas y formar comités de lucha en todos los barrios, pueblos y centros de trabajo que, además de coordinar la movilización, organicen comités de autodefensa contra la represión de los paramilitares fascistas y el estado y expliquen a las capas que por miedo o por la manipulación del gobierno y los medios de comunicación aún no han participado en la lucha cuáles son los objetivos de Uribe y cómo pueden ser derrotados. Deben llamar, asi mismo, a los dirigentes del Polo Democrático a utilizar el parlamento para este mismo objetivo, y no para oponerse aisladamente a cada medida del gobierno, y a los dirigentes guerrilleros a abandonar los métodos desesperados basados en acciones individuales y separadas de las masas y unir sus fuerzas a la lucha de masas de todo el pueblo, sometiéndose al control de asambleas de trabajadores y campesinos en cada pueblo y cada barrio. Sólo un frente único de todas las organizaciones de la izquierda para luchar contra la reacción uribista podrá derrotar a esta.
Las masas de las capas medias, ante un movimiento fuerte en la calle de los trabajadores y los campesinos pobres, perderían totalmente cualquier confianza que pudiesen tener todavía en Uribe y en la burguesía. Muchos incluso girarían hacia la izquierda. El pueblo colombiano necesita ver que existe una alternativa política a Uribe y al dominio del capital que ha llevado al país a la barbarie, el militarismo y la pobreza, y que esa alternativa puede vencer.
Por un frente único de la izquierda con un programa revolucionario
Pero esto pasa porque las masas, y en primer lugar su vanguardia: los activistas sindicales, juveniles y campesinos, tengan claro lo que está en juego y encuentren un programa que les permita ir con confianza e ilusión a esa batalla. Esto empieza ,en nuestra opinión, por denunciar la conexión que hay entre los planes militares de Uribe y sus ataques socioeconómicos y por la defensa no de un programa limitado a la democratización del capitalismo colombiano (algo imposible porque la burguesía y el imperialismo nunca lo tolerarán) sino de un programa socialista que, partiendo de la lucha por las mejoras a corto plazo, explique que sólo habrá una esperanza de paz y de dignidad para el pueblo colombiano llevando a cabo la transformación revolucionaria de la sociedad.
Este programa debe empezar por ofrecer solución a las necesidades mas básicas de todos los sectores populares: derogación de las reformas laboral, tributaria y pensional; reforma agraria que expropie los latifundios para dárselos a quienes los trabajan, los campesinos; reparto del empleo mediante la reducción de la jornada de trabajo para combatir el paro; plan de inversiones y obras que mejore las infraestructuras y servicios sociales y genere puestos de trabajo; subsidio de desempleo indefinido a cada desempleado hasta encontrar empleo; nacionalización de todas las empresas en crisis, las multinacionales y la banca bajo control de los trabajadores para conceder créditos baratos a los pequeños propietarios. ¡Que la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores con los despidos, las reducciones salariales o la reforma laboral, ni la clase media con sus impuestos! Desconocimiento del pago de la deuda externa, responsabilidad de los capitalistas y no del pueblo. Un programa de estas características sólo es realizable sustituyendo al reaccionario gobierno burgués por un gobierno de los trabajadores basado en asambleas populares en los pueblos, barrios, centros de trabajo, de estudio y cuarteles que elijan representantes y puedan revocarlos.
Armados con esta alternativa, los trabajadores colombianos podrían ganar el apoyo masivo de todos los oprimidos, incluidos los que hoy permanecen inactivos, aterrorizados y desmoralizados, y crear una corriente de ilusión y esperanza en todo el país y todo el continente. La inmensa mayoría de los activistas de las propias FARC o del ELN simpatizarían con estas ideas y se verían atraídos por ellas.
Las masas se han puesto en marcha en toda Latinoamérica y la revolución vuelve a estar en el orden del día, la suerte de los trabajadores y campesinos colombianos no se puede separar de la de sus compañeros del resto del continente. La victoria del movimiento revolucionario de las masas en cualquiera de estos países servirá de estímulo y de ejemplo a todos los demás, la victoria definitiva de la revolución socialista sólo será posible extendiéndose a toda América Latina y a todo el mundo.
La clase obrera ha demostrado muchas veces su fuerza, es la única clase que puede paralizar la producción, desorganizar a la clase dominante, ponerla en jaque y encabezar a los campesinos y todos los sectores explotados oponiendo al futuro de guerra, sangre y represión que preparan los capitalistas un futuro socialista. ¡Por una Colombia socialista en una federación socialista de América Latina!.
[1] El Tiempo,22-08-02
[2] El Espectador, 31-10-02
[3] Artículo del parlamentario de la izquierda Alexander Maya en www.colombia.indymedia.org
[4] Entrevista a Javier Correa, dirigente sindical colombiano (El Militante nº154, Octubre 2002)
[5] El Tiempo,31-10-02
[6] ¿Hacia dónde va Colombia? (26-5-02)
[7] op.cit.
[8] El Militante nº 154
República Dominicana
La huelga general del 11 de noviembre hizo temblar a Hipólito Mejía y a la burguesía.
Luis Enrique Barrios
El pasado 11 de noviembre se desarrolló una huelga general que prácticamente paralizó a la Republica Dominicana, ello como protesta ante las duras medidas implementadas por el gobierno del socialdemócrata Hipólito Mejía. El acatamiento del paro, de acuerdo al Comité de Huelga, fue de un cien por cien en el interior del país y de un 97 por ciento en la capital de esta nación. Tal resultado fue corroborado por los medios informativos locales.
La causa que motivo a las 60 organizaciones obreras, populares y estudiantiles que integran la Coordinadora por la Unidad y Lucha (CUL) durante la asamblea del 15 de octubre a ir a la huelga fue la firma de finales de agosto de una cuerdo entre el gobierno dominicano y el FMI para obtener un préstamo de 1.200 millones de dólares (MUSD) Entre otras exigencias, a cambio del préstamo, el acuerdo establece nuevas cargas impositivas y más recortes al gasto publico. Pero dicho convenio sólo fue la gota que derramo el vaso, dado que esto sucede en medio de un contexto económico que se ha trasformado en una insoportable pesadilla para los trabajadores dominicanos y demás sectores oprimidos.
La larga pesadilla del capitalismo
Republica Dominicana, con una población actual aproximada de unos 8 millones y medio, ha sido sometida a una serie de profundas transformaciones económicas con un alto costo para las mayorías. En los años 70 el principal sustento de la economía eran las exportaciones agrícolas, principalmente de azúcar, café, cacao y tabaco. Durante esos años el 70 por ciento de la población recibía sus ingresos de ese tipo de actividades. La caída de los precios internacionales de esos productos más la falta de apoyos gubernamentales provocaron una baja significativa en la actividad del sector, generándose flujos masivos de campesinos desesperados buscando alguna alternativa de vida en las ciudades. Actualmente del total de la población dominicana, sólo el 40 por cuento vive en el campo. Entre este ultimo sector, 750 mil familias son de campesinos sin tierras.
Los efectos de la "Década Perdida" (años 80) que sacudió a toda América Latina, obligó a la burguesía dominicana a abandonar el modelo de sustitución de las importaciones y promover un desarrollo basado principalmente en las exportaciones y en el turismo. Este modelo sería apuntalado, para promover las inversiones foráneas, en el abaratamiento de los salarios, la cancelación de derechos laborales y en una rígida política de ajustes en el gasto del Estado. El gasto social en saludo, de 1980 a 1990, se redujo entre 60 y 70 por ciento, mientras que la educación durante el mismo periodo pasó del 2.1 al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB)
De acuerdo a un informe de la dependencia dominicana Comisión Nacional de Seguimiento a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a finales de los años 80 "... la mitad de la población tenía ingresos por debajo de la línea de la pobreza, el 25% de la misma se encontraba en situación de indigencia. Más del 60% de los dominicanos no tenían acceso a los servicios públicos, además de tener un nivel de desempleo que alcanzó al 25% de la PEA"
Los ajustes impuestos por la burguesía y dictados por el FMI arrojarían sus frutos. Un balance hecho par la misma fuente destaca que "En término de indicadores macro económicos, la economía dominicana ha experimentado una mejora sustancial. De 1991 a 1995 el PBI dominicano a precio de 1970 creció a una tasa de 1.22% y en términos Per Cápita Real tuvo un crecimiento de 1.13%. En junio de 1997 el PBI alcanzó un crecimiento de 6.9%, superando con 0.5 puntos la tasa de crecimiento registrada el año anterior. En este resultado incidió el dinamismo de sectores de comunicación, (16.6%), construcción (16.1%), electricidad y agua (11%), hoteles y restaurantes (9.5%), transporte (8.1%), comercio (7.9%) y manufacturas (5.8)".
Sin embargo, como sucedió en toda América Latina, los logros económicos no significaron prácticamente nada en beneficio de las mayorías dominicanas. Ninguno de sus problemas más importantes fue resuelto, por el contrario los rezagos sociales se profundizaron dada, entre otras cosas, la caída del gasto estatal. Por ejemplo, hoy en día aproximadamente el 60 por ciento de la población no dispone de agua potable, además de que existe un déficit en vivienda de cuando menos un millón de unidades.
Pero las cosas cambiarían a partir del estancamiento de la economía Norteamérica (principal cliente de las mercancías dominicanas y relevante fuente de turistas hacia la caribeña nación) La caída de las exportaciones y el menor dinamismo del sector turístico harían que, de acuerdo a datos de la Banco Central de la República Dominicana, el déficit de la balanza de la cuenta corriente, que en 1999 alcanzo un saldo negativo de 429 MUSD, se incrementara por encima del doble alcanzado los 1 097 MUSD.
Hipólito Mejía y la crisis económica
Hipólito Mejía llegó al gobierno, al frente del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) el 16 de mayo del 2000. Urgido por sacar a la economía de los aprietos optó por el endeudamiento; por medio de esta medida dedicaría cuantiosos recursos a la remodelación de puertos y aeropuertos, embellecer playas, etcétera con el objetivo de favorecer la infraestructura de la industria en las zonas francas y del sector turístico, ambos puntales de la economía dominicana. Tan sólo en el 2001 el 62 por ciento de los préstamos externos fue dedicado a ese tipo de iniciativas.
Sobre esa lógica se ha movido el gobierno del PRD dándose como resultado que, de acuerdo con un informe de septiembre del año en curso del Consejo Monetario Centroamericano, la deuda pasará de tener un peso del 20 al 49 por ciento del PIB. Tan sólo para mediados del 2001 ya se había empleado el 20 por ciento del gasto público en compromisos de pago de deuda.
Pero alguien tenía que pagar el costo de esa política, el FMI antes de prestar exige garantías de pago. Para tal efecto Hipólito Mejía impondría en febrero del 2001 el funesto "Paquetazo" el cual, entre otras medidas, significó que el IVA aumentará en un 50 por ciento y los combustibles entre 40 y 100 por ciento. Dichas medidas tendrían un efecto fulminante sobre los niveles de vida de las familias trabajadores pues acarrearon con ello una significativa alza de los precios de los productos de primera necesidad. Posteriormente otras tarifas también se incrementaron, entre ellas la del servicio telefónico y eléctrico.
Además, a pesar de que está registrado como obligación del Estado en la Ley de Hidrocarburos, el subsidio para el gas domestico fue eliminada pro la vía de los hechos. La combinación de todos estos elementos hizo que el costo de la vida se encareciera de forma alarmante: tan sólo durante los meses que van de enero a septiembre del 2003 la inflación registro un aumento del 42 por ciento.
Pero los salarios se han mantenido prácticamente estancados y por lo general sólo alcanzan para cubrir el 15 por ciento de las necesidades más elementales de las familias.
A la par de este mal, los dominicanos han tenido que enfrentar un proceso de despidos que se ha intensificado conforme pasan los días: con la intención de rescatar los benéficos los empresarios ya habían empujado al desempleo al 20 por ciento de la PEA para mediados del 200. Pero las cosas no pararon ahí, a lo largo del 2002 y los primeros diez meses de 2003 se sumaron a las filas del desempleo otras 130 mil personas. Y se prevé, tal como están las cosas, que en el corto plazo serán despedidos otros 100 mil trabajadores.
El saqueo de República Dominicana
La privatización de la Corporación Dominicana de Electricidad abrió un nuevo cause para la rapiña en contra del pueblo dominicano. Tras esa medida surgieron corporaciones como las trasnacionales Unión Fenesa, de capital español, y la norteamericana AES. Ambas sometieron durante un largo periodo a la especulación y el chantaje a la caribeña nación la cual, en sus distintas regiones, ha tenido que padecer repetidos cortes de suministro eléctrico de hasta 20 horas. El objetivo de estas maniobras era arrodillar al Estado para que acepten sus condiciones y lo lograron: Hipólito Mejía, producto de estas presiones, firmaría un convenio con las trasnacionales de la electricidad en el que acepta un incremento del 20 por ciento a las tarifas, al mismo tiempo que acuerda el pago definitivo del adeudo en suministro del Estado y elimina los subsidios que benefician a los barrios pobres. Ello representó un duro golpe para los trabajadores y demás sectores oprimidos.
Pero el robo en contra de la República nos es la excepción, sino la norma. Al respecto los datos hablan por sí mismo: en el periodo que va de 1995 al 2000 por concepto de Inversión Extranjera Directa entraron al país 3 mil 936.9 MUSD, mientras que durante el mismo tiempo salieron 6 mil 667.7 MUSD en utilidades de transnacionales, pagos de deuda externa, etcétera.
La diplomacia pro imperialista
Pero no sólo su política económica y sus traumáticos efectos sobre las masas oprimidas han hecho de Hipólito Mejía en ser mas odiado de la nación, otro factor que también ha provocado la rabia entre el pueblo dominicano es el descarado y cínico apoyo que el mandatario ha otorgado a la política militarista e intervencionista del imperialismo yanqui sobre América Latina.
Al hecho de que actualmente hay 300 soldados del ejército dominicano en Irak colaborando en labores de "reconstrucción", se agrega un acuerdo conocido a principios del 2003 y que se firmo en noviembre del año anterior en el que el gobierno dominicano acepta el desplazamiento de 10 mil efectivos del ejército de los EEUU a su territorio con el objetivo de establecer una cabeza de playa que sirva de receptáculo para las tropas imperialistas acantonadas en Puerto Rico. Todo ello como parte de la estrategia de seguridad yanqui "Nuevos Horizontes".
Y la diplomacia de Hipólito Mejía sigue dando de que hablar: en septiembre pasado Venezuela suspendió su abasto petrolero a la Republica Dominicana, lugar en el que radica Carlos Andrés Pérez, por considerar que tiene pruebas suficientes para asegurar que en el territorio de ese país, al amparo del gobierno, se está preparando una conspiración contra el gobierno venezolano que tiene como una de sus principales acciones el asesinato de Chávez (Rebelión 22/09/03) Con ello Hipólito Mejía mantiene viva la tradición, aunque en esta oportunidad contra Venezuela, por medio de la cual el imperialismo yanqui en complicidad con los gobiernos dominicanos ha lanzado varias acciones contrarrevolucionarias contra Cuba.
La furia de las masas y el éxito de la huelga general
La combinación de todos estos elementos creó un ambiente explosivo entre las masas dominicanas. Conforme los acontecimientos fueron ensombreciendo más y más el panorama, las muestras de descontento se intensificaron, trasformándose cada vez más cruentas. La reacción del gobierno ante estos actos ha sido bastante similar a la del periodo más oscuro de la dictadura de Trujillo: tan sólo en los primero diez meses del gobierno de Hipólito Mejía el saldo de la represión en contra de los manifestantes ya superaba a los más de 150 muertos.
Pero más que desmoralizar e intimidar, la represión ha servido para fortalecer el odio hacia le mandatario y junto con ello el deseo de lucha de los trabajadores. Un ejemplo de ello fue la movilización del 13 de febrero del 2001 que se dirigía al palacio del Congreso Nacional para protestar contra la privatización del seguro social y que fue disuelta a tiros por la policía; la reacción al otro día fue el paro iniciado en todo el sector salud y al que se integraron otros sectores en varias de las principales ciudades y que se extendió hasta que el gobierno cedió en sus planes. Tal acontecimiento representó un importante revés para Hipólito Mejía y una importante fuente de inspiración para las masas oprimidas pues dejo en claro que luchando de forma unificada se puede detener la ofensiva de la burguesía.
No obstante ese resultado, el gobierno mantuvo firmes sus intenciones y en los meses posteriores implemento más ataques y a cada acción de las masas siempre respondió con más represión la cual, además de disolver las manifestaciones con tiros de fúsil, optó por aplicar medidas "preventivas". Una ejemplo de esta política represiva fue la redada del pasado 6 de agosto en las oficinas del la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) en el momento que los sindicalistas mantenían una asamblea para definir acciones para protestar contra la organización en ese pobre país de los Juegos Centroamericanos inaugurados el 1 de agosto y con un enorme costo para las arcas nacionales. El resultado fue de cuando menos tres trabajadores heridos de bala y otros seis arrestados.
El cerco policiaco solamente atizó más el fuego y las cosas llegaron a su límite cuando el presidente firmo a finales de agosto una cuerdo con el FMI para un nuevo préstamo. Esta medida llevó al su máximo la irritación de los dominicanos no sólo porque sabían que ello representaba el que los ajustes económicos se recrudecieran, "el país necesita disciplina" declararía Hipólito Mejía tras la firma del acuerdo, sino por que además dicho préstamo resultó de la necesidad de cubrir el déficit del Banco Central producto de la escandalosa y fraudulenta quiebra de tres bancos privados, entre ellos Baniter, la cual dejó un boquete económico de 3 MMUSD ¡El 80 por ciento del gasto público!
Así la cantidad se trasformó en calidad e Hipólito Mejía, tras enfrentar, entre movilizaciones y paros parciales, 350 actos de protestas a lo largo de su gobierno (según algunos estudiosos del tema), se vio enfrentado a una fenomenal huelga general que abarco todo el país. Aunque el presidente hizo todo para evitarla, por ejemplo un día antes de la huelga fueron detenidos 106 dirigentes en diferentes redadas a locales sindicales, sus medidas no fueron suficientes para frenar la furia desbordada del pueblo trabajador dominicano.
La convocatoria, como lo explicamos en un principio, fue todo un éxito. En ella los trabajadores enarbolaron reclamos en contra de la deuda externa, la política del FMI, contra los aumentos a la gasolina, a medicamentos y las tarifas eléctricas. Además de exigir la reestructuración de la industria eléctrica y aumentos de salarios.
La reacción de gobierno ante las manifestaciones de descontento en el transcurso de la huelga general fue la de reprimir al movimiento dejando como resultado 7 muertos, un centenar de heridos y aproximadamente mil encarcelados. La despótica actitud del régimen se fue moderando conforme la jornada del 11 de noviembre transcurría dado la enorme fortaleza demostrado por los trabajadores quines ese día dejaron en claro que en la Republica Dominicana no pasa nada sin su autorización. De hecho bastó la simple amenaza de extender la huelga por otras doce horas más para que el gobierno reaccionara dejando en libertad de manera inmediata a prácticamente todos los detenidos. También otra muestra de temor hacia los trabajadores fue el anuncio del 12 de noviembre en el cual Hipólito Mejía ofreció 100 MUSD de inversión para obra social.
Ante el éxito, y que es una de las lecciones más destacables de esta heroica jornada de lucha del pueblo dominicano, un dirigente declararía que la huelga general "ha fortalecido la confianza del pueblo trabajador en un movimiento social que van en ascenso" Ahora ese es el principal problema que tendrá que enfrentar la burguesía dominicana y el imperialismo yanqui en su afán por seguir saqueando y oprimiendo a los trabajadores de esa nación. Ahora se levanta frente a ellos, la burguesía y el imperialismo, una clase trabajadora que ha comprobado que tan grande y poderosa es. Una clase trabajadora con una moral y confianza tan alta que ni los asesinatos ni las cárceles ha podido detener.
Tras la huelga general, es necesario ir más a fondo.
Menudo problema el que se ha echado a cuestas el arrogante y cínico Hipólito Mejía. Pobre hombre, el 11 de noviembre no sabía ni en donde ocultar la cabeza. El presidente ahora enfrenta un futuro incierto.
La huelga general del 11 de noviembre representa un verdadero cambio en la situación de la lucha de clases en la República Dominicana y al mismo tiempo es un anticipo de luchas más cruentas y de mayor intensidad de las cuales seremos testigos en los próximos meses. La confianza adquirida por los trabajadores por un lado y, por otro, las visibles muestras de enorme debilidad del régimen evidenciadas ese día tendrán un peso relevante en los episodios que están por venir.
La dirección del movimiento, tras la huelga, optó por darle un plazo de 30 días al presidente para que cumpla con sus demandas. Realmente ese es muy poco tiempo para solucionar los enormes problemas de los sectores oprimidos dominicanos, pero nuestra afirmación no es porque pensemos que es necesario ser condescendiente con el presidente y darle un poco más de tiempo, sino por que estamos convencidos de que un año, o dos, o tres, o todos lo que se quieran son insuficientes para que él u otro más brillante solucione los problemas de hambre, miseria y desempleo que padecen los dominicanos. Esto es imposible dentro de los marcos estrechos del capitalismo, máxime cuando se trata de un país atrasado económicamente, saqueado por las transnacionales y bajo el control de una burguesía nacional con fuertes intereses que la unen con el imperialismo.
Considerando esta realidad, y si nos detenemos a reflexionar un poco sobre lo que ello representa en un contexto de crisis de la económica mundial como la que hoy estamos padeciendo y para la cual no se avizora una salida en corto o mediano plazo, podremos llegar a la conclusión de que del gobierno de Hipólito Mejía, y el de cualquier otro régimen que se base en la propiedad privada sobre las palancas fundamentales de la economía, no se puede esperar otra cosa más que ataques a las condiciones de vida y trabajo de la inmensa mayoría del pueblo trabajador dominicano.
El futuro, de seguir la burguesía y el imperialismo imponiendo sus condiciones, es más que negro para las masas dominicanas. Las exportaciones, uno de los pilares de la economía, siguen bajando. Ya en el 2002 los rubros más importantes de este sector reportaron graves retrocesos: textiles, -11.6 por ciento; calzado, -15.6 por ciento y electrónica, -3.4 por ciento. El principal receptor de estas mercancías es el mercado norteamericano, el cual ya encierra importantes dificultades continuar jugando ese papel. Un ejemplo que ilustra claramente lo que estamos afirmando es la baja en el uso de las tarjetas de crédito, la cual para agosto ya había generado una caída en consumo del mercado norteamericano equivalente a 1,3 billones USD (BBC 110803) El desempleo y la incertidumbre están teniendo malos efectos sobre la capacidad de consumo de las masas de ese país.
Por ellos los pistones de la economía dominicana más que reactivarse se seguirán deteriorando, teniendo ello un costo grave para los trabajadores. Esta posibilidad resulta doble si recordamos que un requerimiento del FMI, como lo informo en Consejo Monetario Centroamericano en su reporte de septiembre pasado, consiste en incrementar las tarifas eléctricas en un 60 por ciento. Ellos por si mismo representará un golpe para la industria dado que los costes de producción se elevaran, pero no sólo ello: Hipólito Mejía, para llevar a la práctica con éxito esa exigencia ha dispuesto un recargo del 5 por ciento para las exportaciones. Con esta medida se pretende recaudar unos 3 mil millones de pesos dominicanos para depositarlos en el Banco Central los cuales estarían disponibles exclusivamente para, según dijo el secretario de Finanzas dominicano, Rafael Calderón, "básicamente para cubrir lo que es el incremento de las tarifas eléctricas" Claro está, el incremento y ese impuesto los patrones trataran de cobrárselo a toda costa a los trabajadores.
Por un programa de clase para los trabajadores dominicanos.
El gobierno de Hipólito Mejía y la burguesía no cederán en sus intenciones, por el contrario la profundización de la crisis económica los forzará a profundizar los ataques. Ante ello es evidente, como ya ha quedado de manifiesto, que las masas reaccionarán y lucharán. Este fenómeno, más temprano que tarde, derivara en confrontaciones entre la burguesía y los trabajadores del campo y la ciudad con dimensiones descomunales en las cuales todo lo que hemos visto en los últimos años de la lucha de clases de la República Dominicana se quedará corto.
Por eso es necesario preparar al movimiento de los trabajadores para lo que se avecina, una primera cuestión es la represión. No se puede confiar en lo más mínimo en el gobierno y la burguesía, en un momento dado intentarán echar mano del terrorismo de Estado para imponer sus condiciones sobre los trabajadores a un nivel semejantes al de la dictadura de Trujillo. Por ello la CUL tiene que llamar a los trabajadores y a la población oprimida en general a formar comités de autodefensa para repeler cualquier tipo de agresión policíaca. Las mas de centena y media de muertos a manos de la policía y los siete compañeros masacrados durante la huelga general son una muestra de hasta donde está dispuesto a llegar Hipólito Mejía.
Pero otra forma de confrontar a la represión es lanzando una intensa campaña orientada hacia la tropa de la policía y de soldados, explicando pacientemente los nocivos efectos que la política del régimen también han tenido sobre ellos y haciendo llamados a que se unan a que desobedezcan cualquier de orden de los oficiales para disparar en contra de los trabajadores. También en la propaganda habrá que hacer énfasis sobre la necesidad de soldados y policías para luchar por sus derechos democráticos. Es totalmente posible ganar el apoyo de estos sectores de la sociedad para la lucha contra la opresión. Y en la historia reciente de América Latina existen varios ejemplos que lo demuestran: echemos una mirada a los acontecimientos revolucionarios de Ecuador de principios del 2000 y, mas recientemente, de Bolivia de septiembre y octubre pasados. En ambos casos, en los que las masas arrojaron del poder a su respectivo presidente, los soldados desobedecieron las órdenes de sus oficiales y se negaron a disparar contra el pueblo enardecido.
Los acontecimientos que están por venir en Republica Dominicana serán de una magnitud muy singular y amerita detenerse un poco a reflexionar sobre el camino a seguir de cara a armar a la clase trabajadora de una serie de herramientas que le dé certeza al movimiento y que a su vez impida que sea sangrientamente aplastado. Nos referimos al programa de lucha que en nuestra opinión debe ser enarbolado en contra de Hipólito Mejía, la burguesía y el imperialismo.
Como ya explicamos más arriba, todos ellos forma una camarilla de socios que se han enriquecido a costa de la sangre, el sudor y las lagrimas del pueblo trabajador dominicano; y la base sobre la que se sustenta su poder es la propiedad privada sobre los principales medios de vida: las fábricas, los trasportes, la tierra, los bancos, las cadenas comerciales, etcétera. Y el Estado tiene como principal función la de proteger ese régimen de propiedad. Por ello es necesario que la CUL enarbole un programa que llame a luchar por mejores salarios, contra los despidos, por la cancelación de la deuda externa, etcétera, pero que a la vez explique la necesidad de que los trabajadores tomen el poder derrocando al Estado burgués y eliminando la propiedad privada de las principales palancas de la economía para ponerlas bajo el control democrático de obreros y campesinos. Estas dos condiciones son las principales garantías para sacudirse de una vez por toda la opresión y la explotación de la burguesía y el imperialismo sobre el pueblo dominicano.
El final de la paz social en Austria
La clase obrera entra en escena
Emanuel Tomaselli
Junio-2003
E l 23 de abril la Ejecutiva Nacional del ÖGB, que agrupa a las principales federaciones sindicales, dio el paso histórico de aprobar por unanimidad la convocatoria de una jornada de paros para el 6 de mayo. Esta decisión llega después de cinco décadas de colaboración de clases y de la llamada democracia de "consenso".
En las elecciones generales de noviembre de 2002, el Partido Popular (la derecha austriaca) consiguió una asombrosa victoria, pasando del tercer lugar al primero. Era la primera vez desde 1966 que los conservadores superaban al Partido Socialdemócrata.
Con estas elecciones el nuevo canciller, Wolfang Schüssel, abrió una puerta histórica para su partido y su clase: consiguió una enorme autoridad dentro de su propio partido, que siempre había estado dividido en diferentes grupos organizaciones y donde los pequeños comerciantes y agricultores tenían una gran influencia.
También quedó claro que los representantes de las asociaciones de los grandes capitalistas estaban depositando sus esperanzas en Wolfang Schüssel, quien finalmente decidió formar gobierno con el FPÖ, un partido inestable y con una política agresiva contra la clase obrera.
En abril, cuando el interés de la opinión pública se concentraba en la agresión imperialista a Iraq, el gobierno empezó a lanzar un ataque violento contra las condiciones de vida de los trabajadores. Para evitar un debate público, el gobierno intentó despachar rápidamente en el parlamento un documento de 800 páginas que contenía 91 leyes diferentes, todas ellas destinadas a poner la carga de la crisis sobre los hombros de nuestra clase.
Las contrarreformas
El punto central de las contrarreformas es el sistema de pensiones. Las medidas incluían una subida de tres años de la edad de jubilación, que pasaría a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, y una reducción de las pensiones superior al 45%, lo que sencillamente significa pobreza para la clase obrera. Otras reformas afectan al sistema educativo, la introducción de tasas generalizadas para cualquier tratamiento médico (el paciente debe pagar el 20% de cualquier tratamiento médico) y al mismo tiempo quieren aumentar nuestra contribución a la seguridad social.
Además, los planes incluyen la venta y desmantelamiento de todo lo que queda de las industrias y servicios públicos puesto que prevé la venta de los ferrocarriles a veinte empresas diferentes. Este plan ferroviario también implica la transferencia de todos los trabajadores a una empresa que oficialmente les emplearía y después los "subarrendaría" a veinte empresas distintas. Por supuesto, todo esto después de despedir a un tercio de la fuerza laboral actual (15.000 trabajadores).
En cuanto al servicio postal, planean su venta a un monopolio internacional. El resto de empresas públicas de la industria metalúrgica y otras empresas pequeñas de otros sectores también serán privatizadas y desmanteladas. Sus planes, obviamente, son romper la columna vertebral del movimiento obrero austriaco. Al mismo tiempo que ataca a los trabajadores, el gobierno ha anunciado una reducción de impuestos para las grandes empresas y la compra de dieciocho cazas Eurofighter destinados a agresiones internacionales.
Mayor movimiento huelguístico desde 1950
Los sindicatos se han movilizado sobre todo por los recortes de pensiones. El 6 de mayo Austria vio el primer movimiento huelguístico generalizado desde octubre de 1950. En total participaron un millón de trabajadores. La huelga comenzó con los trabajadores de artes gráficas que paralizaron la edición de todos los periódicos (excepto un periódico regional); los trabajadores ferroviarios paralizaron el transporte de mercancías durante doce horas; el transporte público en las principales ciudades no funcionó durante las primeras horas del día; los profesores de instituto no dieron clase y organizaron asambleas en sus centros de trabajo; los servicios hospitalarios y policiales, así como otros servicios públicos, fueron muy limitados. En muchas fábricas (sólo en la industria del metal 320 empresas) los trabajadores dejaron de trabajar entre 2 y 8 horas, organizaron asambleas y salieron a las calles a organizar bloqueos de carreteras. Por la mañana, los sindicalistas bloquearon las calles de las principales ciudades (Viena, Salzburgo, Klagenfurt...).
Como un "coloso dormido", el ÖGB está comenzando a despertar. Las cosas están comenzando a agitarse en esta "encantadora república alpina" y no está todavía claro cómo se van a desarrollar las cosas en el próximo período. La incertidumbre de esta situación está afectando incluso a los sindicatos: los dirigentes sindicales realmente no se oponen a la línea general de estas "reformas" pero lo que les enfurece es que el gobierno no les haya consultado primero. Así han sido las cosas durante los últimos cincuenta años pero ahora han cambiado y ya no es posible mantener las antiguas relaciones sociales. Oficialmente, el objetivo de la huelga era posponer la reforma hasta septiembre y después iniciar "una reforma negociada que sea aceptable para todas las fuerzas sociales". Esta consigna está claramente diseñada para que los dirigentes sindicales tengan el margen de maniobra suficiente como para permitirles desconvocar las movilizaciones y alcanzar un acuerdo con el gobierno.
Para cualquier trabajador que haya participado en la huelga del 6 de mayo ha quedado suficientemente claro que para derrotar al gobierno no basta con demostrar la fuerza. Los sindicatos han evitado hacer reuniones en las que pudieran participar muchos trabajadores. Muchos delegados sindicales dijeron que durante las reuniones en sus centros de trabajo los trabajadores defendían una postura más radical que la de los dirigentes. En realidad, el ambiente en el centro de trabajo es de rabia y odio contra el gobierno, el mismo que muchos trabajadores votaron hace sólo unos meses. Independientemente de cómo termine esta batalla, lo que si está claro es que la presa se ha derrumbado. En momentos de movilización la dirección de las organizaciones obreras es puesta a prueba y está claro que para los dirigentes sindicales actuales, incluido el presidente del ÖGB, los días están contados.
Como podemos ver en todos estos acontecimientos, en Austria se está produciendo un cambio fundamental. Austria ha entrado en la arena de la lucha de clases, y estas son buenas noticias para todos aquellos que defendían que ya no era posible el compromiso y que las conquistas de la clase obrera sólo se pueden defender a través de la acción militante. Ahora son necesarias dos cosas: la convocatoria de una huelga general y una campaña por la democratización de las organizaciones obreras.
Panamá: Huelga General en defensa del seguro social
Jorge Martín
Septiembre de 2003
El martes 23 de septiembre Panamá fue paralizado por una huelga general de advertencia convocada por el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, organización que agrupa a los gremios sindicales y organizaciones sociales más importantes del país, incluyendo la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CoNUSI), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y los sindicatos de la construcción (SUNTRACS), de los docentes y del seguro social entre otros. La huelga general de advertencia es el punto más álgido hasta el momento de las movilizaciones masivas y huelgas que se suceden en Panamá desde la destitución del director de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované, el pasado miércoles 11 de septiembre.
Al igual que en muchos otros países del mundo el sistema de seguro social panameño se enfrenta a una grave crisis. Siguiendo las políticas de ajuste dictadas por las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, el gobierno panameño está preparando la privatización del mismo como manera de "solucionar" el déficit de la caja de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, la privatización del seguro social sólo sería una "solución" desde el punto de vista de los empresarios, que son, en gran medida, responsables de su crisis por el impago generalizado de sus cuotas al mismo. Desde el punto de vista de los trabajadores sería un desastre. Gestionar el seguro social desde el punto de vista de la lógica del mercado es una receta acabada para recortes de las pensiones, aumento de la edad de jubilación y todo tipo de ataques a la clase trabajadora.
La destitución del director de la CSS, Juan Jované, a pesar de las acusaciones del gobierno de corrupción e incapacidad, se debe a su oposición a la privatización de la entidad y su negativa a presentar un presupuesto "equilibrado" (es decir un presupuesto de recortes). En lugar de eso, Jované presentó un presupuesto que entre otras cosas respetaba los acuerdos alcanzados con los trabajadores de la CSS al finalizar su huelga de principios de este año. La Junta Directiva del CSS se plegándose a las presiones del gobierno y los empresarios se negó a aceptar el presupuesto de Jované y el gobierno procedió a su destitución.
Muy correctamente los trabajadores panameños respondieron con movilizaciones y huelgas a las que el gobierno se enfrentó con los "argumentos" de la policía antidisturbios y las detenciones de dirigentes obreros. Entre los primeros en salir a la lucha fueron la Asociación de Funcionarios de la Caja de Seguro Social que declararon un paro de 48h el mismo día de la destitución de Jované. Al día siguiente de la remoción los trabajadores de la construcción se sumaron a las protestas y se produjeron duros enfrentamientos con las unidades antidisturbios de la policia que ocuparon las instalaciones de la CSS. "Ni en la época de la dictadura militar las unidades de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS)", gritaban ayer trabajadores y funcionarios administrativos de la entidad, quienes advirtieron que si es necesario poner "sangre en las calles", lo harán con el propósito de defender la autonomía de la institución de salud. Los enfrentamientos se saldaron con la detención de más de 50 trabajadores, entre ellos el dirigente sindical de la construcción Saúl Méndez.
Los manifestantes exigían la convocatoria de huelga general a partir del lunes 15. Dos representantes de los trabajadores en la Junta del CSS que votaron en contra del presupuesto Jované fueron declarados persona non grata por los trabajadores. En el caso de Roberto Valencia, representante de los docentes, los sindicalistas están procesando su expulsión del sindicato.
El viernes 12 se celebró una multitudinaria manifestación con más de 50,000 participantes. Los dirigentes sindicales dieron al gobierno un plazo de tres días para reinstaurar al director de la CSS y en caso contrario amenazaron con convocar a la huelga general.
El domingo 14, una asamblea general del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) y la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical (CoNUSI) con gran presencia de trabajadores decidió ratificar la convocataria de la huelga general para el 23 de septiembre.
La semana del 15 de setiembre empezó con la convocatoria de huelga indefinida por parte de los 9,500 trabajadores de la CSS y la convocatoria de un paro nacional de 48 horas prorrogable por parte de la Coordinadora Magisterial por la Defensa de la Seguridad Social que aglutina a los gremios de educadores. También los estudiantes de secundaria y de universidad se sumaron a las protestas y los piqueteos con cortes de ruta y manifestaciones. De nuevo el gobierno respondió con represión amenazando con arrestar a todos los que bloquearan rutas y con despedir a cualquier funcionario de la CSS que participara en los bloqueos. También acusó a Jované de querer "desestabilizar el país". El jueves jueves 18, nuevamente decenas de miles de trabajadores se manifestaron a pesar de la lluvia. La marcha fue encabezada por el ya liberado dirigente de los trabajadores de la construcción Saúl Méndez. Ante la amplitud que estaba adquiriendo la protesta el gobierno se vio obligado a declarar públicamente que no había ningún plan para privatizar el seguro social.
Así se llegó a la huelga general del pasado martes, 23 de septiembre. La huelga tuvo un seguimiento masivo con una paralización del 75% en el sector de la construcción, el 95% de los docentes de las escuelas públicas y más del 25% en el sector salud y la empresa privada. En la universidad se produjeron duros enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de la policía antidisturbios cuando estas bloquearon a los estudiantes para que no pudieran unirse a la marcha obrera.
El gobierno hasta el momento no parece dispuesto a hacer concesiones y los sindicatos ya han anunciado una nueva asamblea general para el sábado para determinar nuevas medidas de fuerza. El ambiente es de lucha. Incluso los educadores de Veragua y Colón decidieron no levantar la huelga después de las 24 horas de la huelga general y criticaron duramente a la dirigencia nacional de los profesores por haber levantado la huelga sin haber recibido respuesta positiva del gobierno y sin haber consultado con las bases.
Esta es una lucha decisiva para los trabajadores y el pueblo panameño que se inscribe en el marco de la resistencia cada vez más generalizada en toda América Latina a los planes de privatización de los servicios públicos y en general a las políticas de los gobiernos capitalistas de estos países. Sólo la lucha organizada y masiva de los trabajadores y el pueblo puede detener los planes de privatización del seguro social, como demuestra el ejemplo de la lucha en El Salvador, dónde meses de movilizaciones y huelgas derrotaron un plan parecido en ese país a principios de este año.
Al mismo tiempo es necesario comprender que estos planes de ajuste y privatizadores no surgen simplemente de la mala voluntad de los gobiernos o la presión del FMI, sino que responden a la lógica de un sistema capitalista que se enfrenta a una crisis aguda y quiere hacérsela pagar a los trabajadores. Por lo tanto la construcción de una organización revolucionaria basada en las ideas del marxismo que sea capaz de dirigir la lucha por la transformación socialista de la sociedad se convierte en una tarea urgente. Solo la abolición del sistema capitalista puede garantizar la defensa de los derechos adquiridos de la clase trabajadora.
Italia
Un millón y medio de trabajadores toman las calles durante la huelga general de cuatro horas
La clase obrera italiana de nuevo en movimiento
Claudio Bellotti
Octubre 2003
El viernes 24 de octubre aproximadamente diez millones de trabajadores participaron en la huelga general de cuatro horas convocada por las organizaciones sindicales -CGIL, CISL, UIL- contra la contrarreforma del sistema de pensiones anunciada por el gobierno de Berlusconi. Según los dirigentes sindicales un millón y medio de trabajadores participaron en las más de cien manifestaciones que se celebraron por todo el país.
La huelga fue un éxito claro, mientras que la asociación empresarial -Confindustria- ha intentando minimizar las cifras, el gobierno no las negó. Era obvio que la participación había sido masiva. La huelga tuvo éxito particularmente en el sector público, enseñanza, transporte y ferrocarriles.
El gobierno de derechas, presionado por la Unión Europea y Confindustria, decidió en septiembre lanzar un ataque frontal contra el sistema público de pensiones. La propuesta del gobierno obligaría a todos los trabajadores a trabajar al menos cuarenta años (con todas las contribuciones pagadas) antes de poder acceder a su jubilación. Teniendo en cuenta que el nivel del sistema público de pensiones ha estado cayendo desde 1995, cuando la anterior "reforma de las pensiones" introdujo el primer ataque serio, y que en el futuro no van a ser capaces de garantizar un ingreso decente a los trabajadores que se jubilen, la nueva propuesta también les obligaría a tener que recurrir a un plan de pensiones privado para poder garantizar un nivel de vida razonable.
La indignación de la clase obrera
Añadiendo más leña al fuego, el 29 de septiembre Berlusconi recurrió a "explicar" sus ideas sobre esta cuestión de la forma más provocativa posible. Se dirigió a la nación con un mensaje de ocho minutos, emitido simultáneamente en seis canales diferentes de televisión. ¡Tres canales públicos más tres canales de su propiedad!
El ataque llega en un momento en que ya existe un ambiente de furia entre los trabajadores y que se está extendiendo masivamente. Este ambiente se ha alimentado con los continuos ataques del gobierno y ayuntamientos a prácticamente cada uno de los sectores del Estado de Bienestar, desde la educación a la sanidad. El aumento general de precios que está reduciendo el poder adquisitivo para millones de familias obreras también ha añadido más material combustible a la situación.
Una razón más para la amargura y radicalización es el declive industrial del país. La producción industrial ha caído durante los últimos veintiún meses y en agosto hubo otra nueva caída del 10 por ciento. Las crisis, los cierres y las llamadas "racionalizaciones" están en el orden del día e inevitablemente provocarán conflictos importantes, como ya ocurrió el año pasado con los trabajadores de la Fiat.
Todos estos sentimientos se han canalizado y encontrado expresión el 24 de octubre. Con esta última ofensiva, Berlusconi ha obligado a los dirigentes de la CISL y el UIL a unirse a la convocatoria de la huelga. El año pasado los dirigentes de ambos sindicatos boicotearon abiertamente la lucha contra la contrarreforma laboral. Gracias a su traición el gobierno pudo aprobar esta ley (ley nº 30) que introduce una masiva temporalidad de la mano de obra en los centros de trabajo. Ahora han tenido que dar un giro de ciento ochenta grados y unirse a la huelga.
No es sorprendente que miles de personas en Nápoles abuchearan y silbaran al secretario general del UIL, Luigi Angeletti, durante su discurso.
Para ganar es necesario luchar
Después de la huelga general el gobierno ha reiterado su determinación a continuar con la contrarreforma; pero dada la situación política del país, esta es una receta acabada para nuevas explosiones. Si todavía no ha ocurrido esto sólo se debe a la actitud cautelosa -por no decir cobarde- de los dirigentes sindicales. Si ellos quisieran, podrían fácilmente derribar al gobierno, que ya está muy debilitado por las divisiones y enfrentamientos entre los cuatro partidos que conforman la coalición gubernamental. En la medida en que los dirigentes sindicales se han limitado a realizar una movilización mínima (lo justo para salvar la cara), esta huelga general de cuatro horas se ha convertido en otra manifestación de la rabia e indignación que existe en el movimiento obrero, reflejando la voluntad de lucha de los trabajadores, pero no se ha convertido en una acción que pueda cambiar de forma decisiva la situación del país.
Sin embargo, los dirigentes sindicales no tienen el poder de hacer lo que quieran. No es sólo cuestión de lo que estén dispuestos a hacer o no. Los trabajadores cada vez están más impacientes ante una situación que empeora según pasan los días. Ya hay claros síntomas de un nuevo ambiente de militancia y cambio de actitud entre las filas del movimiento obrero.
Se está produciendo un proceso de radicalización entre aquellos jóvenes que han sido los más afectados por las nuevas leyes laborales. Los centros de telemarketing, los grandes centros de trabajo en el sector de comercio, las fábricas con grandes concentraciones de trabajadores temporales..., están experimentando un proceso de sindicalización a pesar de la visión rutinaria y pasiva del aparato sindical.
Las huelgas del metal
Otro elemento importante de la radicalización ha sido la lucha de los metalúrgicos. El mes de mayo pasado el FIM-CISL y el UILM-UIL, las organizaciones metalúrgicas del CISL y UIL, firmaron un acuerdo nacional por separado que afectaba a un millón y medio de trabajadores. El acuerdo, una bofetada en la cara para los trabajadores, no fue aceptado por el FIOM-CGIL, que es la organización sindical más grande. El FIM y el UILM se negaron a someter su acuerdo a votación entre los trabajadores. Por su parte, el FIOM decidió iniciar la lucha para retirar el acuerdo y conseguir un acuerdo decente.
La táctica propuesta por los dirigentes del FIOM es lanzar una serie de huelgas locales. La efectividad de esta táctica es más que dudosa, porque significa dividir la lucha. Además, está claro que el aparato del FIOM tampoco está demasiado entusiasmado con la idea de iniciar esta lucha. Hasta ahora han fracasado a la hora de dar una dirección fuerte y centralizada a esta movilización.
Pero a pesar de todos los errores y deficiencias de la dirección, los trabajadores están luchando. En cualquier parte se puede ver que ante una llamada clara de los delegados sindicales locales, los trabajadores responden con entusiasmo y militancia. Ahora están regresando a métodos más militantes de lucha, en contraste con la forma habitual de organizar las huelgas que tienen los dirigentes sindicales. Las huelgas espontáneas, paros repentinos, breves y sin aviso ante la simple llamada del delegado sindical, bloqueos de carreteras, etc., ahora son una característica común de la lucha.
Gracias a estas huelgas en aproximadamente 260 fábricas, los empresarios han tenido que firmar acuerdos locales que contradicen el acuerdo estatal y conceden aumentos salariales más altos, además de otras concesiones.
Hasta ahora la lucha de los metalúrgicos ha estado limitada en su alcance. Los acuerdos firmados por ahora sólo afectan a, aproximadamente, 40.000 trabajadores. Sin embargo, tiene un significado trascendental. Demuestra que en uno de los sectores más importantes de la clase obrera industrial, la punta de lanza del movimiento sindical, está produciéndose un proceso claro de radicalización.
Organizar la respuesta
Para el 7 de noviembre el FIOM está organizado una huelga de veinticuatro horas con una manifestación nacional en Roma. Dado el éxito de la huelga general de cuatro horas convocada y el clima reinante, esta huelga podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha de los metalúrgicos, que además influiría en el conjunto de la clase obrera y el movimiento sindical.
Los empresarios y el gobierno ahora están reaccionando con amenazas y medidas represivas. En más de una ocasión han recurrido a la policía para intimidar a los trabajadores (aunque los policías no parecían muy dispuestos a enfrentarse abiertamente con los trabajadores en huelga). Un ejemplo es lo que ocurrió hace unos días. Un ministro llamó a su colega del Ministerio de Interior para que interviniera para "restaurar la democracia en las fábricas de Emilia Romagna" (la región donde la lucha es más extensa y sólida). Esto demuestra tanto los temores como la miopía de la clase dominante.
Un acto abierto de represión contra los trabajadores en la situación actual, podría suponer un verdadero desastre para el gobierno y los empresarios. Mientras escribimos este artículo todavía no está claro que van a hacer los dirigentes sindicales si -como parece casi cierto- el gobierno no da marcha atrás. No se puede descartar otra huelga general antes de finales de año. Otras capas también podrían tomar las calles, incluidos los estudiantes de secundaria, que en muchas ciudades también han participado en las manifestaciones del 24 de octubre.
Tenemos un gobierno debilitado, una creciente agitación dentro de la sociedad y una disposición a luchar, además de la acumulación de contradicciones en todos los niveles. Todos estos elementos nos dicen que dentro de poco tiempo nos enfrentaremos a un punto de inflexión quizá más decisivo, en la lucha de clases en Italia.
Guatemala
La huelga general doblega al gobierno de Óscar Berger
Por Leída Jara y Luis Enrique Barrios
Junio, 2004
A escasos cinco meses de haber iniciado el gobierno de la Gran Alianza Nacional (GANA) encabezado por Óscar Berger, la burguesía guatemalteca es confrontada por los trabajadores y campesinos pobres por medio de una huelga general de 48 horas en los días 8 y 9 de junio. Los principales reclamos que motivaron la movilización fueron las exigencias para que el nuevo gobierno de derechas frenara los desalojos contra campesinos sin tierras que mantienen invadidas fincas privadas, que durante los últimos meses han sumado 23 y en varios han terminado en choques con las autoridades, y rechazar la propuesta gubernamental de ampliar el pago de impuestos a sectores de la población que por sus escasos ingresos están exentos. También la huelga se desarrolló como un acto de repudio al acuerdo de libre comercio (CAFTA) firmado recientemente por los diferentes gobiernos de Centroamérica, entre ellos el de Guatemala, con el imperialismo yanqui.
Con esa política en pocas semanas Berger dejó al descubierto sus verdaderos rostros echando por tierra cualquier resquicio de ilusiones que entre algunas capas de la población existían ante la instalación del nuevo gobierno.
De acuerdo a los informes de la prensa guatemalteca, las protestas provocaron bloqueos de carreteras, manifestaciones frente a sedes del gobierno y una importante paralización de servicios como el transporte y la educación. También hubo bloqueos de las rutas que conducen a las fronteras con México, Honduras y El Salvador; lo mismo sucedió con varios puntos de la carretera del litoral sur, la que comunica con el principal puerto en el Atlántico y el altiplano occidental. Sólo el aeropuerto internacional La Aurora se mantuvo en operaciones debido a que fue acordonado por la policía para asegurar su funcionamiento. Las diferentes manifestaciones de protesta fueron acompañadas por movilizaciones masivas en las principales ciudades guatemaltecas, especialmente en la capital.
El acatamiento de la convocatoria a la huelga y las dimensiones logradas por la misma nos permiten asegurar que en general la jornada de lucha fue un éxito, la cual incluso no pudo ser frenada por las intimidaciones y las amenazas del régimen sobre el uso del ejército y la policía para impedir que los trabajadores y campesinos se manifestarán.
Lo anterior por sí mismo es un verdadero logro de parte del campesinado y lo trabajadores guatemaltecos pues estamos hablando de una nación en la que la burguesía está acostumbrada a eliminar de tajo cualquier muestra de descontento por medio de la represión más brutal.
Pero aun queda más: la huelga general obligó a Berger a desistirse de sus planes y su gobierno se comprometió públicamente a frenar los desalojos contra campesinos y dejar de lado su propuesta para extender el cobro de impuestos a las capas más pobres del país.
En síntesis, en Guatemala hemos asistido a un capitulo de la lucha de clases en el que ha quedado en claro la fortaleza de los trabajadores del campo y la ciudad, al lado de la debilidad de la burguesía y su gobierno los cuales fueron paralizados por la voluntad de las clases explotadas. La clave fue la acción unificada de aproximadamente cien organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantiles, colonos, pequeños comerciantes, etcétera, todas ellas aglutinadas en un sólo frente por medio del cual lograron cohesión, así como la coordinación de diferentes iniciativas para preparar y desarrollar la huelga.
Los trabajadores de Centroamérica y de todo el mundo debemos ver como una fuente de inspiración y una escuela a seguir la forma de lucha que los sectores oprimidos en Guatemala han usado para defender sus intereses.
La larga pesadilla capitalista
A lo largo de su historia como país independiente Guatemala, como toda nación atrasada que se integra al capitalismo, ha sido sometida a una enorme dependencia respecto a las potencias imperialistas, particularmente a los EE.UU. Su riqueza natural y su fértil suelo la pusieron en la mira de las trasnacionales las cuales para obtener mas que jugosos beneficios se abocaron a la tarea de imponer su voluntad bajo distintos medios, entre ellos los mas violentos basándose en férreas dictaduras militares. Todo ello al amparo y con la complicidad de la atrasada y degenerada oligarquía guatemalteca.
Uno de los capítulos mas funestamente celebre, que incluso tuvo un especial significado para el conjunto de toda América Latina, fue el golpe de estado contra el presidente constitucional Jacobo Arbenz el 18 de junio 1954, planificado por la CIA como respuesta a la nacionalización de las plantaciones de la United Fruit Company.
Con el golpe de estado es colocado en el poder el coronel Carlos Castillo, quien puso fin a las reformas agrarias. Tras este acto se iniciaría una larga escalada de terror y masacres que formalmente se extendió hasta 1996 (con los acuerdos de paz firmados por el gobierno y la guerrilla) y que dejó como saldo a cuado menos unos 200 mil muertos y desaparecidos a cargo del ejército, la policía y los escuadrones de la muerte.
En lo que respecta a las condiciones de vida de los guatemaltecos, las cosas se han ido empeorando con forme pasa el tiempo. A estas alturas, de acuerdo con un par de informes de la BBC la miseria ha obligado a un millón de niños a trabajar; además la concentración de riquezas al lado de la pauperización social que se experimentan en Guatemala difícilmente encuentra comparación en el orbe ya que de entre sus 12.3 millones de habitantes (ONU 2003) el 2% de la población controla alrededor del 58% de las riquezas mientras el 90% de la gente vive bajo la línea de pobreza.
En el campo se vive una situación similar: de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 80% de la tierra cultivable en Guatemala está en poder de grandes propietarios, que representan el 2% de la población.
Todos estos factores son los que hacen que cada año, más de 90.000 guatemaltecos abandonen el país en busca de trabajo, de acuerdo a los datos que ofrece la Organización Internacional para la Migración (OIM) Pero en lo que corresponde a los derechos humanos, a pesar de los acuerdos de paz este sigue siendo un fenómeno lacerante para los trabajadores del campo y la ciudad pues tan sólo durante la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) dirigida por Alfonso Portillo (2000-2004), como lo informa el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en total se presentaron 12.656 violaciones de los derechos humanos.
El débil gobierno de Berger
Óscar Berger se instaló en el poder el 14 enero pasado tras un proceso electoral que requirió una segunda vuelta pues en la primera contienda ninguno de los aspirantes logró el 50% mas uno de los votos. No obstante ello, esa primera vuelta fue utilizada por las masas para cerrarle el paso al viejo dictador, el general José Efraín Ríos Montt quien fue gobernante de facto entre 1982 y 1983, tras protagonizar un golpe de Estado contra Romeo Lucas. Su gobierno es recordado como uno de los más sangrientos en la historia del país. Así, al conseguir menos del 20% del sufragio, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido de Ríos Montt, también de paso fue echado del poder.
Ya en la segunda vuelta, en diciembre, Berger consiguió el 54,16% de los votos. Sin embargo este resultado alcanzado a pesar del enorme apoyo otorgado por los empresarios, analizado al lado de otras cifras, expresa la debilidad con que el actual mandatario y la alianza que encabeza llegaron al poder: por principio de cuentas en esa vuelta el candidato de lo caracterizado por algunos como centro-izquierda, Álvaro Colon, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), logró el 45.84% de los votos. Pero un dato que es más que relevante es el del abstencionismo: ya en la primera vuelta el 40% de los guatemaltecos con derechos a voto no acudió a las urnas, pero para la segunda vuelta ese porcentaje se incrementó hasta casi el 60%. Ese nivel de abstencionismo refleja por una lado la falta de una alternativa que exprese más nítidamente las aspiraciones de las masas pobres, pero por otro lado ilustra la enorme falta de credibilidad en el nuevo gobierno de GANA.
Berger es consciente de ello y, dado que no implementará ninguna acción seria para beneficiar en algo a los sectores oprimidos, ha iniciado una campaña desesperada en búsqueda de mayores simpatías basándose en aspectos que a primera vista podrían parecer útiles para lograr un efecto positivo en mejorar su imagen.
Así es como una de las primeras medidas lanzadas ha sido la persecución contra el odiado FRG y sus principales cabezas. Ahora el reciente ex presidente Alfonso Portillo y algunos integrantes de su administración son investigados por corrupción y malversación de fondos públicos. De hecho el ex ministro de gobernación, Byron Barrientos, ya ha sido arrestado por esta razón.
La casería se ha extendido hasta el propio Ríos Montt el cual desde marzo pasado está bajo arresto domiciliario acusado de homicidio culposo, ya que según una denuncia, fue el instigador de una protesta en la que un periodista perdió la vida el 24 de julio del año pasado.
También la desesperada búsqueda de imagen ha obligado a Berger a tomar algunas medidas en el ejército, por ejemplo en mayo clausuró la base militar de Santa Cruz del Quiche, conocida por el papel que jugó durante los 36 años de guerra civil en el país. Grupos de derechos humanos aseguran que la base clausurada fue utilizada por el ejército para detener y asesinar a líderes rebeldes y sus seguidores.
También ha anunciado un plan para reducir las tropas de las 27.000 plazas actuales a 15.500. Incluso la Corte Suprema de Justicia decidió ratificar una sentencia de cárcel contra un ex coronel involucrado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990. De esta forma el ex oficial Juan Valencia deberá regresar a prisión para cumplir una condena de 30 años de cárcel. Hasta ahora este es el oficial de más alto rango procesado por la justicia por su participación en la guerra sucia.
Todo ello no ha servido de nada para los fines de Berger, esto a pesar del enorme odio compartido por los campesinos, indígenas y trabajadores guatemaltecos contra el FGR y el ejército. Así inmediatamente tras la toma de poder el Berger se vio sometido a una ultimátum de cien días impuesto por diferentes organizaciones sociales para demostrar congruencia con sus promesas de campaña. Pero en ese mismo plazo al mismo tiempo que Berger inició la campaña propagandística antes mencionada, también una feroz ofensiva contra las tomas de fincas provocando la ira del campesinado la cual se expreso, vencido el plazo, en marzo pasado por medio de una monumental movilización de protesta en la que también participaron sindicalistas y estudiantes.
De este modo el fin de la tregua, tras el intento de imponer el pago de impuestos a la población más empobrecida, llegaría a su clímax por medio de la huelga general de junio con los resultados más arriba descritos.
El futuro es de lucha
La crisis política y económica de Guatemala es producto de la crisis general del capitalismo en Centroamérica, en esta región durante la pasada década la maquila fue uno de los principales motores de la economía y aun hoy siguen siendo un factor de relevancia para el destino de esos países. Pero la crisis de la economía mundial y de la de los EE.UU. en particular ha tenido profundas secuelas sobre ese sector de la economía centroamericana el cual ha perdido cuando menos unos 90 mil empleos desde 2001 a la fecha.
De cara al futuro el panorama no se presenta nada halagador para la maquila pues a la par de que en el 2005 se termina el acuerdo de multifibras (lo cual liberará la producción mundial de este rubro creándose con ello un ambiente que le permitirá a China inundar con mas facilidad que nunca los diferentes mercados textiles), el CAFTA eliminará las tarifas arancelarias de más del 80% de las exportaciones estadounidenses a Centroamérica en un periodo de diez años. Ambos elementos inyectarán una enorme presión a las maquilas centroamericanas provocando quiebras y, por consecuencia, el incremento de los despidos.
Berger ante ese panorama, como todo buen lacayo de la burguesía y del imperialismo, tratará a toda costa que los trabajadores paguen los platos rotos. Y para eso, también como lo hicieron sus antecesores, si lo necesita intentará apoyarse en la fuerza bruta. Al respecto de esto último tenemos que decir que su programa hacia el ejército esta integrado por medidas cosméticas que no pretenden ir a fondo. Por ejemplo, a pesar de la reducción programada de tropas el ejercito guatemalteco se mantendría como el más grande de Centroamérica.
Tampoco ha dicho nada serio, ni lo hará, sobre el Estado Mayor Presidencial (EMP), el principal cuerpo de élite militar vinculado a la guerra sucia y sobre el cual en los acuerdos de paz está estipulada su desaparición.
A la par de esa política represiva está el reciente acuerdo con G.W. Bush para enviar 100 soldados del ejército yanqui a territorio guatemalteco como auxilio en el "combate al narcotráfico" El imperialismo también se está preparando, hoy envía a cien hombres y maña serán 300 y pasado mañana otros 500 y así sucesivamente, porque el "combate al narcotráfico" lo requiere.
Pero por su parte la clase obrera y el campesinado pobre por medio de la exitosa huelga general han dado sobradas muestras de que ya no están dispuestos a seguir tolerando más ataques y que el temor a la represión no es un factor que los limite en la lucha. Todo indica que más temprano que tarde en Guatemala, dadas las enormes contradicciones de clase que se viven, veremos confrontaciones con dimensiones superiores hasta las ahora alcanzadas. En estas circunstancias resulta doblemente urgente la construcción una alternativa que pueda conducir a una victoria contundente y definitiva a la clase trabajadora y el campesinado pobre. Una alternativa que pueda unificar a la izquierda revolucionaria y que al mismo tiempo le permita establecer lazos mas que estrechos con los trabajadores de la ciudad y el campo y sus organizaciones tradicionales y transformarse en un referente de masas.
Nos referimos al programa del socialismo pues la única manera de solucionar los problemas de la inmensa mayoría empobrecida de Guatemala y evitar al mismo tiempo una nueva escalada sangrienta a cargo de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo es por medio de la expropiación de la banca, la industria, los latifundios, las cadenas mercantiles; en suma la expropiación de los principales resortes de la economía para ponerlos bajo el control democrático de los trabajadores y campesinos pobres.
Pero las cosas no pueden parar ahí, la lucha contra la opresión, la explotación y la represión en Guatemala sólo puede tener éxito en la medida que la revolución se extienda al conjunto de los países de la región. De este modo los trabajadores de Centroamérica unidos no sólo serán más fuertes contra la oligarquía regional y el imperialismo, sino que además por medio de la economía planificada podrán unir sus enormes recursos naturales y lo económicos para construir una Federación Socialista de Centroamérica y con ello dejar en el pasado el hambre, el desempleo, la insalubridad, el analfabetismo y otra serie de aberraciones producto del capitalismo que por ya muchos años han lacerado a los pueblos de Centroamérica.
Chile: La primera Huelga General en 13 años
Los trabajadores Chilenos retoman sus tradiciones combativas
Aníbal Montoya
La huelga general del 13 de agosto, convocada por la CUT, fue la primera huelga general desde la caída de la dictadura de Pinochet. Este hecho marca el comienzo de una nueva etapa de la lucha de clases en Chile, y tiene que ser vista en el contexto de la situación general de todo el subcontinente latinoamericano.
Chile fue considerado en los últimos años por los medios de comunicación burgueses como un modelo de desarrollo económico para el resto de América Latina. El gobierno chileno (una coalición del Partido Socialista y la Democracia Cristiana) siguió todos los dictados del FMI y el Banco Mundial para abrir la economía chilena a las inversiones de EEUU y Europa. Todo ello fue acompañado por una política de "paz social" con la colaboración de los dirigentes sindicales.
Las causas de la huelga
Pero los efectos de esta política finalmente se dejaron ver. El desempleo afecta al 9,5% de la población activa. El salario mínimo está en unos 150 dólares al mes, que en las condiciones chilenas queda muy por debajo de las necesidades diarias de cualquier trabajador. El porcentaje de familias que viven por debajo de la línea de la pobreza es del 18%. Mientras tanto, el 10% más rico acapara el 50% del ingreso nacional. Estas cifras demuestran que Chile, lejos de ser el país más exitoso de América Latina, está afligido por el mismo mal que el resto de Latinoamérica. De ahí que sólo quede una opción a la clase obrera, tomar el camino de la lucha. Esto es lo que explica la huelga general del 13 de agosto, y el éxito de la misma ya que fue apoyada por el 80% de los trabajadores.
Esta huelga general, que fue convocada en protesta contra el empleo precario y la derogación de varias leyes anti-sindicales, tiene que ser vista como una expresión del gran descontento acumulado en la sociedad. Todavía está en sus primeras etapas, pero representa el despertar de la poderosa clase obrera chilena. Este nuevo ambiente social se vio reflejado también en la gran participación popular que tuvieron las diferentes conmemoraciones del 30º aniversario del golpe de Pinochet y de la muerte de Allende, donde se destacaron las nuevas camadas de jóvenes militantes y combativos.
Efectos en el Partido Socialista
El descontento social alcanzó tal nivel que los dirigentes sindicales (que hasta entonces habían mantenido una política conciliadora con el gobierno) fueron forzados a convocar la huelga. Esta huelga general amplió las profundas las grietas que se abrieron entre la CUT, vinculada históricamente con los partidos socialista y comunista, y el gobierno de la Concertación encabezado por Ricardo Lagos, que dirige el Partido Socialista.
Esta huelga va a tener consecuencias políticas de gran calado dentro de la coalición dominante, lo mismo que en las filas del Partido Socialista. Los trabajadores comienzan a sacar la conclusión de que con los partidos burgueses y patronales, como la Democracia Cristiana, no hay salida para la clase obrera. El gobierno de coalición que sólo ofrece recortes y ataques a las conquistas del pasado. Comprenderán que se necesita una política de independencia de clase, como la única manera de mejorar las condiciones del pueblo trabajador.
El Partido Socialista está en las puertas de una crisis profunda, entre una dirigencia comprometida con las políticas burguesas y neoliberales de los últimos años y sectores crecientes de las bases que exigirán un giro a la izquierda y nuevos dirigentes que expresen mejor los intereses de los trabajadores. Los partidos tradicionales de la clase obrera chilena, el Partido Socialista y el Partido Comunista, reflejarán el nuevo período convulsivo de la lucha de clases en Chile, con un apoyo creciente hacia las posturas más de izquierda en su interior.
Los sindicatos
La CUT convocó una conferencia nacional justo después de la huelga. En dicha conferencia, llamada de "Refundación", reiteró su apoyo a la huelga y también declaró oficialmente su oposición al reciente acuerdo de "libre comercio" firmado entre Chile y los EEUU. Lamentablemente, no plantearon una clara alternativa socialista a esto, siendo incapaces de desarrollar una perspectiva que vaya más allá de los confines del capitalismo.
A pesar de todo, esta conferencia representa un pequeño paso adelante, aunque se notó la ausencia de una seria autocrítica por su colaboración con el gobierno de la Concertación en el período reciente. La gran adhesión a la huelga va a fortalecer la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, metiendo presión a sus dirigentes para que se pongan a la cabeza del proceso de luchas o deban enfrentar el desafío de que salten por encima de sus cabezas. Se anuncia un proceso de recomposición en el interior de los sindicatos, donde las posiciones más combativas irán ganando terreno de ahora en más.
La lucha de clases está una vez más en la agenda, y los acontecimientos en Chile van a tener un impacto importante en el proceso revolucionario que está recorriendo toda América Latina.
Nueva huelga general en Grecia
La clase obrera se rebela
Stamatis Karayannopoulos
Abril 2006
El 15 de marzo la clase obrera griego "mostró sus músculos" a la burguesía y su gobierno. Era la quinta huelga general en un año y sin duda la más grande y exitosa. En todos los grandes centros de trabajo (grandes industrias, empresas del sector público, bancos, puertos, ferrocarriles, estaciones de autobús, etc.,) la participación fue casi del cien por cien.
En esta ocasión los mítines contaron con una mayor participación que en la anterior huelga general. Unos 30.000 trabajadores participaron en el mitin del GSEE (confederación sindical griega) y unos 15.000 en el mitin del PAME (frente sindical del partido comunista). El ambiente entre los trabajadores era muy militante y había muchos jóvenes trabajadores que no habían participado antes en una manifestación.
Una de las razones de la gran participación es el sentimiento que tienen los trabajadores de que el gobierno está sufriendo una crisis profunda, su apoyo social está colapsando. Una reciente encuesta de Kapa Research revelaba que Nueva Democracia había perdido el 20 por ciento de apoyo en los barrios obreros de Atenas.
También otro factor ha jugado un papel decisivo en estimular este ambiente militante entre los trabajadores. En febrero hubo huelgas muy importantes que prepararon el terreno para este cambio en la psicología de los trabajadores. Una de estas huelgas fue de los trabajadores de Coca Cola que demostró inicialmente un fuerte espíritu combativo. Desgraciadamente, tras un mes de lucha algunos trabajadores, frente a la falta de alternativa de la dirección sindical, aceptaron la oferta "los más viejos" de los empresarios de doblar las indemnizaciones. Otra gran lucha, que ha centrado la atención de los trabajadores griegos, es la lucha amarga de los trabajadores de la planta de fertilizantes de Thessaloniki y que fue ocupada. Estos trabajadores también han estado organizando manifestaciones semanales.
Pero sobre todo, tenemos la huelga de marineros. Esta huelga se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el gobierno de derechas de Nueva Democracia (ND), que ahora está presentando abiertamente su verdadera cara como instrumento en manos de los empresarios. Después de una semana de huelga de los marineros, el gobierno decidió "reclutar" a los marineros (como soldados) utilizando una vieja ley reaccionaria del período de la Dictadura de los Coroneles (1967-1974). Este acto aumentó el aislamiento del gobierno. Las encuestas demostraban que el 70 por ciento de la población apoyaba a los marineros. La huelga de marineros acabó un día después del "reclutamiento" aunque a muchos les habría gustado continuarla. Era obvio que aunque la huelga no acabó en victoria, el gobierno había perdido mucho apoyo dentro de la sociedad por sus acciones contra los marineros.
El GSEE y los empresarios
Desgraciadamente, tras la huelga general, los dirigentes del GSEE (Confederación Sindical Griega), los dirigentes no tienen una perspectiva real de qué hacer. No tienen un plan concreto para hacer avanzar la lucha. Simplemente están intentando utilizar la huelga general como un medio de aumentar la presión sobre los empresarios para conseguir aumentos pequeños para los trabajadores con salarios más bajos.
Inmediatamente después de la huelga general, el presidente de la patronal industrial (SEV) lanzó un nuevo ataque contra los trabajadores exigiendo eliminar las leyes que limitan la libertad de los empresarios para despedir trabajadores, la eliminación de los acuerdos de negociación colectiva, el aumento de la edad de jubilación y la reducción del nivel de las pensiones. Esto es un ataque frontal contra la clase obrera griega.
La razón de esta postura tan agresiva de los empresarios es que ellos se sienten como los gobernantes de la escena política en Grecia. Tienen a "su" partido en el poder y controlan casi totalmente a la dirección del PASOK. Por eso están insistiendo tanto en su actual línea agresiva de terapias de choque contra los trabajadores. Sin embargo, lo único que conseguirán con esto será una nueva explosión de la clase obrera en Grecia.
El temor al contagio francés en la situación política
Después de la huelga general, el gobierno ha intentado encontrar una forma de tranquilizar la situación haciendo alguna concesión para ganar tiempo. El Ministro de Trabajo ha pedido a los empresarios que concedan aumentos salariales. Es significativo que una semana después de la huelga general, el gran debate en los medios de comunicación es la posibilidad de una repetición en Grecia de la explosión social generalizada en Francia. Es asombroso observar cómo los políticos y periodistas burgueses hablan horrorizados sobre esta posibilidad.
El gobierno está reaccionando con nerviosismo ante las noticias que llegan de Francia. Inmediatamente después de ver el movimiento en Francia anunciaron la congelación durante un mes de las "reformas" del sector público. El principal medio de comunicación del gobierno, Roussopouolos, anunció en sus páginas que el Contrato de Primer Empleo al estilo francés no está previsto en los planes del gobierno Karamanlis, después acusaba a la dirección del PASOK porque este tipo de contrato formaba parte de su programa electoral. Por supuesto que esto es cierto, pero lo que convenientemente ignora Roussopouolos es que el gobierno Karamanlis ya ha introducido el "modelo francés" en las empresas públicas, como una forma de prepararlas para la privatización.
Este debate en los medios de comunicación sobre Francia expresa dos cosas: el temor de la burguesía a que la lucha de clases en Grecia pueda intensificarse y también el enorme efecto que la lucha de clases en un país tiene en otro, y cómo se puede extender rápidamente de un país a otro.
El problema al que se enfrenta Nueva Democracia es que en septiembre habrá elecciones municipales y si el gobierno continúa con sus ataques a los trabajadores, prácticamente estará garantizada una gran derrota.
Pero esta derrota no se producirá sobre la base de un aumento del PASOK en la sociedad. El PASOK no ha aumentado en las encuestas. Esto se debe a la situación de crisis permanente desde el período Simitis y también por la política "blairista" del actual presidente del partido: George Papandreu. Esta es la primera vez que en Grecia una gran caída de apoyo al gobierno no se traduce en un aumento del apoyo al principal partido de la oposición.
En las encuestas el apoyo que ND pierde va al "no sabe", al KKE (Partido Comunista) y sobre todo al LAOS, un partido reaccionario de derechas (una pequeña escisión de ND).
Todo eso no indica que la sociedad esté girando a la derecha. Debemos decir, por ejemplo, que el presidente del LAOS, George Karatzaferis, ha estado utilizando un lenguaje populista "demagógico" y en muchas ocasiones incluso una fraseología de izquierda, anunciando su apoyo al Che Guevara y Hugo Chávez. Pero el LAOS también tiene problema por algunos escándalos de sus principales figuras, así que su ascenso no está garantizado.
El KKE ha estado aumentando su apoyo debido a la falta de oposición real del PASOK al gobierno, pero su influencia política es limitada por las tácticas sectarias de la dirección del partido. El Synaspismos está en una crisis profunda. El ala de derechas del partido ha estado utilizando al viejo presidente del partido, Konstantopoulos, que ha anunciado públicamente en más de una ocasión su apoyo a una coalición con el PASOK, como un intento de socavar al nuevo presidente de izquierdas del partido, Alavanos. En realidad, sólo la unificación de estos dos partidos de izquierdas, el KKE y el Synaspismos, (históricamente eran el mismo partido, el viejo y mucho más poderoso Partido Comunista Griego) sobre la base de un programa socialista, es lo que hoy podría ofrecer una solución política a los trabajadores.
Las perspectivas
La economía griega se enfrenta a la perspectiva del estancamiento y después de un crecimiento importante del PIB en el período reciente, ahora se dirige hacia una recesión. El crecimiento del PIB todavía está en el 3 por ciento pero están presentes todos los elementos para una recesión. En 2005 la inversión cayó un 1,5 por ciento aunque los beneficios de las grandes empresas (cotizantes en la bolsa ateniense) aumentaron entre un 60 y un 150 por ciento. Esto gracia a una ley que el gobierno Karamanlis aprobó el mes de julio pasado que reduce los salarios por horas extras.
Desde 2002, han cerrado 5.000 empresas y 3.500 se han llevado la producción fuera de Grecia a países balcánicos donde los salarios son muchos más bajos. Como resultado de este proceso el desempleo está oficialmente en el 10 por ciento. Los trabajadores han visto como sus niveles de vida caían dramáticamente. Hoy en Grecia el 45 por ciento de los trabajadores ganan menos de 500 euros al mes y el 73 por ciento de los trabajadores más veteranos están ganando unos salarios que tienen el mismo nivel que las pensiones. Si tenemos esta situación en un período de crecimiento ¿qué pueden esperar los trabajadores cuando llegue la recesión?
El crecimiento del PIB realmente se basa en el consumo dependiente del crédito, es decir, que las familias sobreviven gracias al endeudamiento. Este tipo de crecimiento no es sostenible. Existe un creciente aumento de militancia entre los trabajadores griegos la próxima recesión creará las condiciones para el aumento de los conflictos de clase.
En el momento de escribir este artículo, la dirección del GSEE está intentando encontrar una manera de retirarse y hacer retroceder a los trabajadores consiguiendo que los empresarios aumenten algo los salarios. Pero no podrán calmar la lucha de clases. Están abiertos muchos frentes de la lucha de clases. En Olympic Airways los trabajadores ya han anunciado movilizaciones contra la privatización de la empresa a principios de abril. En los grandes astilleros griegos, Skaramagas, los trabajadores ya han entrado en acción contra el plan de despidos masivos.
Pero sobre todo, los 80.000 trabajadores de DEKO (el organismo que gestiona todas las empresas y servicios públicos) ya han iniciado una lucha contra los cambios en sus condiciones laborales. También los jóvenes han participado este mes en una manifestación masiva contra los planes del gobierno de cambiar la Constitución griega y permitir así la creación de universidades privadas en Grecia.
Todo esto demuestra que si hay un país de Europa dispuesto a seguir el camino de Francia ese es Grecia.
